El proceso de paz en los centros de reclusión social aún se define. El 11 de noviembre, el Organismo Técnico del Sistema Nacional de Rehabilitación Social decidió, por “unanimidad”, que la conformación del Comité de Intervención Emergente del Estado en Centros de Privación de Libertad sea presidida por la Defensoría del Pueblo y que junto al Comité Contra la Tortura de las Naciones Unidas y más instituciones del Estado se encarguen de reestructurar el servicio de rehabilitación en Ecuador.

Sin embargo, la Defensoría del Pueblo expresó, seis días después de haber dado su voto a favor, que mejor se encarguen otras instituciones porque sale de sus competencias de vigilar y tutelar el desarrollo de política pública enfocada en Derechos Humanos (DD.HH.), debido a que no puede generar por sí sola política pública. Ante ello, propuso que dicha mesa sea integrada de la siguiente forma.

“Un Comité de Emergencia bicéfalo... presidido por organismos nacionales e internacionales que se sumen a esta cruzada, y la Defensoría del Pueblo en calidad de observador y vigilante del cumplimiento de los Derechos Humanos”.

El comité de Intervención Emergente debe estar integrado por la Asamblea Nacional, Consejo de la Judicatura e Iglesia, además de la academia, gobernaciones y hasta representantes de medios de comunicación.

Este periódico consultó a los tres primeros organismos  mencionados y señalaron que hasta el momento no han sido convocados o recibido alguna invitación por parte de la Defensoría del Pueblo para la integración de este comité y el proceso de paz en las cárceles.

Sin embargo, la Defensoría señala que desde el “ámbito de su competencia” ha actuado a través de informes, recomendaciones y recursos legales que piden la protección de los DD.HH., mucho antes de darse la crisis carcelaria. Y que en lo relacionado al Comité de Intervención emergente ha gestionado visitas del comité y subcomité para la prevención contra la Tortura de Naciones Unidas y también con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para la “observancia” del sistema de rehabilitación social.

Lo cierto es que delegados de la CIDH estarán en el país del 1 al 3 de diciembre. Otro de los anuncios catalogados como “Primeras acciones de la Comisión” fue una reunión con el presidente de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, monseñor Luis Cabrera, dada el 13 de noviembre. En la cita, Cabrera dijo que aceptaba “contribuir al proceso de pacificación, acogiendo el criterio de prevención como un complemento del sistema y no como sustituto de los mecanismos de supervisión y control”.

• Contrapunto

Los ejes de acción del comité son en lo social y en seguridad. La Defensoría pidió al Organismo Técnico de Rehabilitación Social que a través del Ministerio de Gobierno se ejecute la política pública junto a demás entidades conforme a mandato constitucional. De la misma forma en lo social.

• Acuerdo Nacional

El punto 1 del Acuerdo Nacional para afrontar a la criminalidad dentro y fuera de las cárceles anunciado por el presidente Guillermo Lasso es “la pacificación a través del diálogo con el apoyo de la sociedad civil y entes internacionales”. Se anunció reuniones con organizaciones sociales para la siguiente semana.

• Coordinación

La Defensoría del Pueblo, la la Secretaría de DD.HH, se reunirán con los integrantes de la comisión de Seguridad de la Asamblea Nacional y de organizaciones sociales este lunes, a las 15:00, para tratar los planes presentados desde la sociedad civil conforme a la normativa internacional.