Nueva entidad para operar en las cárceles del país y así enfrentar la crisis. Tras la tercera reunión del directorio del Organismo Técnico del Sistema Nacional de Rehabilitación Social se aprobó “por unanimidad” la conformación del Comité de Intervención Emergente del Estado en Centros de Privación de Libertad, mesa que presidirá la Defensoría del Pueblo.

De acuerdo a la Secretaría de Derechos Humanos, se llegó a esta medida por la “falta de institucionalidad del SNAI”. La metodología y el plan de intervención del comité serán supervisados por organismos internacionales.

Sus ejes de trabajo en los proyectos y operaciones serán en: seguridad y lo social y deberán estar enmarcadas en Derechos Humanos. La meta es lograr un proceso de “pacificación mediante la Iglesia”.

Pero por parte del Servicio Nacional de Atención a Privados de Libertad (SNAI), se indicó que la entidad “analiza las diversas posibilidades” sobre los acercamientos con privados de libertad. Así también, sobre las acciones pastorales o voluntariados que realiza la Iglesia católica y evangélica en los centros de reclusión. Dichas labores volverán “una vez que existan las condiciones de seguridad necesarias” y de ahí “se establecerán lineamientos para fortalecer las acciones conforme a una planificación determinada”, respondió en un comunicado a este periódico.

Sin embargo, quienes la conformarán serán delegados del Directorio del Organismo Técnico, Asamblea Nacional, Iglesia, Función Judicial, academia, medios de comunicación y gobernaciones del país donde existan centros de privación de libertad.

La propuesta fue una iniciativa de la secretaria de Derechos Humanos, Bernarda Ordóñez Moscoso, quien también es la presidenta del directorio del Organismo Técnico del Sistema Nacional de Rehabilitación Social; dijo que esta es una forma de tomar acciones urgentes para solucionar la crisis penitenciaria en el Ecuador.

Actualmente un equipo de la Secretaría de Derechos Humanos está en Panamá “trayendo cooperación internacional y un equipo consultor” para avanzar en la conformación del equipo de trabajo.

Así también, la Asamblea Nacional deberá junto a la Función Judicial presentar las reformas que necesite el Código Orgánico Integral Penal en materia de las competencias del Directorio.

Mientras que la Fiscalía se encargará de la presentación de los resultados de la investigación de los hechos suscitados dentro de los centros de rehabilitación del país, especialmente en donde ocurrió las masacres.

La Defensoría del Pueblo establecerá los plazos para la presentación de propuestas por parte de las instituciones que integran el comité.