Cuatro personas detenidas y material mineralizado decomisado, fue el resultado de un operativo ejecutado en Camilo Ponce Enríquez, provincia del Azuay, en donde fueron halladas personas que realizaban actividades mineras consideradas ilegales.

Según un comunicado de la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales (ARC), su personal, junto con efectivos de la Unidad de Investigación de Delitos Mineros de la Policía, hicieron un operativo en el sector del río Guanache.

En la acción se encontraron en el frente de explotación ilegal de oro aluvial (en el lecho del río) dos excavadoras operando y una excavadora inactiva. También se localizó una clasificadora tipo z, una bomba de agua de presión y un generador eléctrico, que habrían sido utilizados para la actividad considerada ilícita.

En un comunicado la ARC señaló que el artículo 57 de la Ley de Minería establece como sanciones a la actividad minera ilegal el decomiso especial, incautación, inmovilización, destrucción, demolición, inutilización o neutralización, según el caso, de “los bienes, maquinaria, equipos, insumos y vehículos que sean utilizados en actividades ilegales o no autorizadas de explotación, beneficio o procesamiento, fundición, refinación y comercialización clandestina de sustancias minerales”.

Al sitio del operativo llegó el alcalde de Ponce Enríquez, Baldor Bermeo. Un agente le explicó la actuación de las autoridades. Le dijo que retuvieron maquinarias porque en el sitio se estaba practicando minería ilegal. El funcionario que estuvo acompañado por su esposa y funcionarios municipales pidió que a todos se trate de la misma forma y defendió a las personas que ejercían las actividades en el lugar. 

Pero el uniformado le respondió que se utilizó una maquinaria que construía un muro para hacer la actividad ilegal. Bermeo refutó que se trataba de un área libre y que no era minería ilegal. Su intervención fue recogida en una transmisión en vivo que efectuó la página del GAD de Ponce Enríquez.

La ARC informó que sus técnicos y miembros de la Policía fueron impedidos de decomisar las excavadoras y equipos utilizados en estas actividades ilegales, "por cuanto la comunidad, liderada por el alcalde Bermeo, no permitió la movilización de las mismas". Moradores y dirigentes barriales fueron a respaldar al alcalde quien expresó que las personas que acudieron a protestar contra la acción de la autoridad fueron autoconvocadas. "Están indignadas de lo que está ocurriendo, indignadas que han llevado cuatro personas detenidas de forma injusta, que se hayan prestado autoridades nuestras locales para sacar a esa pobre gente que lavaban artesanalmente", señaló. 

El retiro de la maquinaria fue obstaculizado porque el funcionario argumentó que prestaba un servicio. "No puede ser posible que vengan autoridades, que vengan policías que no sabemos ni de donde son y quieran paralizar el trabajo y decir que no cuentan con documentos que para ellos no sirven", expresó. El alcalde defendió a quienes ejercían la minería artesanal. Pidió que se respete al cantón y que les dejen resolver sus problemas. 

El alcalde no permitió el decomiso de la maquinaria y luego, junto con miembros de la comunidad, se movilizaron para que se libere a las cuatro personas aprehendidas.

La ARC recordó que el artículo 20 del Código Integral Penal (COIP) sanciona con entre cinco y siete años "a quien extraiga, explote, explore, aproveche, transporte, comercialice o movilice recursos mineros sin los permisos requeridos por la ley”. La entidad anunció que permanece vigilante para activar acciones que permitan la detección y erradicación de actividades mineras ilegales en beneficio del país.