Los multiplicados cuestionamientos al IESS salpicado de corrupción son motivo suficiente para un cambio profundo en la forma en que es administrado. Nada justifica que se lo mantenga dependiendo y como caja chica del gobierno de turno, o construyendo hospitales como medio de promoción política; lo que el asegurado necesita es una buena y oportuna atención en salud.

Los dineros del IESS pertenecen a sus aportantes y deben ser manejados con el mayor celo y transparencia. La observación de Contraloría de omitir registrar una deuda del Gobierno por más de 2.500 millones de dólares es inaceptable. A esa graciosa dádiva se suman cuantiosas inversiones hechas en el gobierno anterior, poniendo en riesgo su liquidez y sus obligaciones futuras.

El Seguro Social merece especial atención. Si algo caracteriza a los denominados Estados de bienestar que sustentan los regímenes democráticos en Europa y su propuesta de un desarrollo humano sustentable, es una seguridad social confiable y solvente, conscientes de que es la que protege riesgos de salud, accidentes, vejez, urgencias económicas, garantizando una vida menos tensa. Esos beneficios explican porqué es obligatoria, universal, subsidiaria, solidaria. Los afiliados contribuyen con quien requiere sus servicios, sabiendo a futuro que esa prestación será recíproca, haciendo realidad una genuina solidaridad.

El Seguro Social debe ser administrado por sus dueños: un representante por la función Ejecutiva, uno por los empleadores privados, uno por los empleados públicos, uno por los trabajadores privados, un representante de los jubilados -que podría ser un exrector universitario o politécnico elegido por ellos-, que lo presidiría. Se establecerían requisitos de probidad para estas representaciones y contaría con auditoría externa calificada.

El gobierno anterior debilitó el Seguro Social, suprimió el aporte del 40 % que garantizaba pensiones jubilares, sustituyéndolo por una vacía disposición legal por la que el Estado se convierte en garante ante el IESS cuando este lo requiera, sabiendo que el Estado tiene un alto déficit fiscal.