Un liderazgo sanitario debilitado. Así define Alberto Narváez, expresidente de la Federación Médica Ecuatoriana, el principal problema que ha llevado al Ministerio de Salud a una crisis de la que no ha podido salir pese al reiterado cambio de su cabeza en estos últimos cuatro años.

“La situación ha sido crítica con un ministerio no solo errático, sino negligente en las acciones de salud”, sostiene.

Un problema que ha desencadenado, asegura, el desmantelamiento del primer nivel de atención, el despido de miles de médicos y especialistas y la reducción del presupuesto anual para la compra de medicamentos e insumos que se visibilizó con fuerza con la llegada de la pandemia al país y que forzó la salida de dos ministros cuestionados por su gestión en menos de un año.

Esta decadencia, que según Narváez inició dos años antes de la salida de Rafael Correa del poder, se intensificó en junio de 2019 cuando la Fiscalía allanó las oficinas del Ministerio de Salud Pública en Quito como parte de las investigaciones que llevaba por las supuestas irregularidades en la contratación y uso de test de diagnóstico rápido del virus VIH.

Las pesquisas iniciaron tras la publicación de una investigación periodística en la que se denunciaba la existencia de falencias en las pruebas de VIH adquiridas, que arrojaban falsos positivos en personas que no tenían el virus y falsos negativos en quienes sí lo portaban. También denunciaron problemas con el paracetamol.

Verónica Espinosa era la cabeza de Salud en ese entonces y, además de ser investigada por la Contraloría, también fue llamada a comparecer a la Comisión de Fiscalización de la Asamblea, que le inició un proceso de juicio político que no floreció en el pleno.

“Estas pruebas no son de seguimiento o diagnósticas, son para personas que no saben si tienen o no el virus”, aclaró Espinosa en la sesión de la comisión legislativa e insistió en que las pruebas presentadas por el medio La Posta, que fue el que denunció el caso, nunca fueron contrastadas y que se “manipularon” los informes sobre los que se basó el reportaje.

Para inicios de julio, cuando el pleno del Legislativo discutió su destitución, Espinosa ya había renunciado al cargo.

Su salida fue el inicio de atropellados períodos de menos de un año que estuvieron marcados también por denuncias de irregularidades, discursos inconsistentes, falta de transparencia y deficiencias en la gestión al inicio y en medio de la emergencia sanitaria.

Inmediatamente, y aún en medio de la polémica, el presidente Lenín Moreno encargó la cartera de Estado a la doctora Catalina Andramuño, quien se desempeñaba como directora del Distrito 9 de la Zona 8 de Salud, en Guayas.

Los primeros incendios que le tocó apagar fueron los relacionados a la actualización del cuadro nacional de medicamentos, cuya presentación generó dudas entre las organizaciones de pacientes con enfermedades como el cáncer. A eso se sumó el lento avance de operatividad del Hospital Guasmo Sur, una de las obras insignes del gobierno anterior, que funcionaba bajo su capacidad.

Pero la prueba que la ministra reprobaría llegó meses después, en enero de 2020, con el ingreso de un ciudadano chino a la unidad de cuidados intensivos del hospital Eugenio Espejo de Quito. Los días pasaban, y aunque se anunció que los resultados enviados desde Estados Unidos dieron negativo, el extranjero falleció con síntomas similares a los de la COVID-19.

La falta de una política seria de control, han asegurado médicos a este Diario, permitió que el virus ingresara rápidamente y se propagara en Guayaquil sin que nadie se diera cuenta. A finales de marzo ya se registraban más de 500 muertos por día, mientras los doctores atendían sin la protección necesaria el ingreso masivo de pacientes con enfermedades respiratorias.

“Se les ha dado todos los recursos, tienen presupuesto las coordinaciones zonales, ellos tenían que haber estado abastecidos”, declaró Andramuño un día antes de presentar su carta de renuncia al presidente, en la que le decía que “enfrentar una emergencia sanitaria sin recursos es complicado”.

Entró Juan Carlos Zevallos, pero el panorama de opacidad no cambió. O más bien, empeoró. “Me parece que es una actitud completamente irresponsable de las personas que, a pesar de que tienen prendas, mascarillas, insumos y medicamentos, y que compruebo por medio de un inventario muy prolijo, digan que no hay. Es irresponsable, por decir lo menos”, dijo en la primera entrevista con EXPRESO sobre los reclamos del personal médico.

Después de eso, las cortinas de humo y la falta de transparencia continuaron. Los casos de corrupción salieron como pus de una herida abierta y a través de uno de esos procesos se destapó la existencia de una red que emitía de forma fraudulenta carnés de discapacidad, que salpicó incluso a la Asamblea.

Pero no pasó nada. Zevallos, según la Defensoría del Pueblo, se negó a dar información sobre ese y otros temas, y el presidente no hacía más que mostrarle su apoyo frente a las críticas de los gremios y académicos que rechazaban su despreocupación por la emergencia sanitaria. Nunca hubo esfuerzos para reforzar la vigilancia y detección de casos, aseguraron los galenos.

Los reclamos se intensificaron con la llegada de las vacunas y con la supuesta asignación a dedo de las dosis que tuvo su punto alto cuando llevó a una cuadrilla del hospital Pablo Arturo Suárez hasta el geriátrico privado donde residía su madre.

“Si alguien desearía que dentro de este proceso hubiera dejado fuera a mi madre o a cualquier otra persona, debo decirle que difiero con todo respeto con ese criterio. Cuenten con este ministro para salvar vidas, no para salir corriendo por la puerta de atrás”, manifestó un mes antes de renunciar y abandonar el país.

• EN DETALLE

Un empleo con riesgo de despido inminente en la región

La profesión de ministro de Sanidad en Latinoamérica es una de las más inestables de todos los Gobiernos desde la aparición de la COVID-19 hace ya más de un año. Perú, Ecuador, Bolivia y República Dominicana han cambiado de titular en la cartera de Salud al menos tres veces en los últimos doce meses.

Desde el primer caso de coronavirus en Latinoamérica, el 26 de febrero de 2020, más de 20 ministros han dejado la cartera de Salud, que se ha convertido en un cargo volátil pero estratégico en los Gobiernos por su gran capacidad de gasto y, por tanto, por su gran poder político.

El viernes se sumó a esta lista el ministro de Salud de Paraguay.

Los despidos han estado sujetos a muchas razones dependiendo del país y de la evolución de la pandemia. Desde divergencias políticas hasta fallos estratégicos, desde la presunta corrupción a la desigual distribución de las vacunas, el titular de Sanidad siempre tiene la puerta abierta para abandonar el Gobierno.

El mal reparto de las vacunas ha sido, quizá, la razón más determinante para el despido sin contemplaciones. Así ha sucedido en dos países sudamericanos, Argentina y Perú, donde una vacunación con privilegios ha tumbado la carrera de sus responsables sanitarios.

La compra de materiales para combatir la COVID también ha sido un factor de riesgo para mantenerse en el sillón del Ministerio de Salud. EFE