El 29 de febrero de 2020 el tiempo se detuvo por unos minutos en Ecuador. Tras varias semanas de preocupación e incertidumbre, la mañana de ese último sábado del mes, la entonces ministra de Salud, Catalina Andramuño, anunciaba que el nuevo coronavirus detectado a finales de diciembre en una localidad china había ingresado al país.

“Las medidas no impidieron que el virus ingrese y hoy tenemos que informar que tenemos el primer caso de coronavirus en Ecuador”, decía la entonces funcionaria junto al director del Inspi, Alfredo Bruno; el viceministro Julio López, y el presidente del Consejo Directivo del IESS, Paúl Granda.

“Se trata de un caso importado. Una ciudadana ecuatoriana que reside en España y que ingresó al país el 14 de febrero sin sintomatología”, agregó.

Sin embargo, hasta ese momento, el Ministerio de Salud se había negado a realizar controles a pasajeros que no llegaran de países donde “el virus no esté activo” como China, Italia, Corea e Irán, por lo que la paciente cero, quien murió 13 días después en el hospital Guasmo Sur, pasó desapercibida a su ingreso a Guayaquil.

Pero ella no fue la única que llegó con el virus en esas fechas. Un estudio de la Universidad de las Américas (UDLA) determinó que para finales de febrero al menos 29 personas ya estaban contagiadas y el virus ya circulaba de manera comunitaria a inicios de marzo, cuando aún se celebraban en el país eventos masivos.

Desde finales de diciembre, cuando China informó a la Organización Mundial de la Salud de la existencia de un brote de casos de neumonía, hasta la declaratoria del estado de excepción, el 16 de marzo, en el país se realizaron al menos 30 partidos de la LigaPro, tres de Copa Libertadores, fiestas y matrimonios y siete conciertos masivos en Guayaquil, Quito y Cuenca. Una antesala de hechos que llevaron al país a perderse en un oscuro camino del que todavía no puede salir y que le ha costado la muerte de más de 40.000 personas.

“En marzo se autoriza un partido por la final de la Copa Libertadores al que asisten más de 18.000 personas. Y este partido va a actuar como un ventilador que hecha el virus a toda la ciudad de Guayaquil. El brote de marzo y abril, en el que murieron 12.000 personas en tres semanas, es producto de la incompetencia. No lo podemos olvidar”, asegura Marcelo Aguilar, epidemiólogo de la Universidad Central.

Con él coincide el defensor del Pueblo, Freddy Carrión, quien cree que la emergencia debió declararse cuando se conoció del primer caso y que eso no se hizo porque el Gobierno “subestimó a la enfermedad”. “El manejo de la pandemia tuvo varios errores desde el inicio. Desde diciembre ya veíamos como en otros países esto estaba causando estragos, consecuencias brutales. Aquí, en cambio, pensamos que no iba a pasar nada y sin una política de prevención, que se anticipe a ciertos hechos, tomamos las medidas muy tarde, lo hicimos mal”, recuerda.

Solo entre el 29 de febrero y el 15 de septiembre, este organismo emitió 68 pronunciamientos, exhortos y llamamientos que, asegura Carrión, no fueron atendidos, “ni siquiera leídos ni escuchados” por el Gobierno.

Washington Alemán, uno de los doctores con los que EXPRESO intentó poner luces sobre la emergencia que se vivía en febrero a nivel internacional, asegura que el Gobierno sigue cometiendo los mismos errores y que, pese a los miles de muertos que vimos, nunca se hizo lo necesario para corregir las malas decisiones y fortalecer el sistema de salud, desmantelado durante el gobierno de Rafael Correa.

“Si nos tocara vivir otro marzo o abril nos pasaría lo mismo, la diferencia probablemente está marcada en que los profesionales hemos aprendido a manejar mejor la enfermedad, pero aún seguimos sin un adecuado sistema sanitario. No se nos ha escuchado”, menciona.

Para el infectólogo, uno de los errores más graves es que se ha dejado del lado la vigilancia epidemiológica, lo que ha impedido saber con exactitud dónde está el virus y cómo evoluciona la enfermedad.

“En un año el Gobierno ha sido incapaz de abaratar los costos de la PCR o de incentivar a que se produzcan localmente para tratar de dar gratuidad o al menos costos accesibles. Somos el país que menos pruebas diagnósticas hace en la región”, afirma Alemán.

Aguilar y Alemán sostienen que el Gobierno perdió el control de la situación y que, como al principio, manda mensajes erróneos y hasta falsos a la población, lo que ha provocado una falsa sensación de seguridad. “La conducción de la pandemia inicia con mentiras y sigue con una serie de afirmaciones erróneas. Hace rato que se perdió el liderazgo, hay que rediseñar la estrategia de acción”, concluye el docente.

Más que un tema de falta de liderazgo nacional, Juan Zapata, presidente del Comité de Operaciones de Emergencia (COE), cree que el problema radica en que el Gobierno está con “las manos atadas”, pues la normativa ordinaria le impide tomar medidas que frenen, en fechas de feriados, la movilización de personas como lo que pasó en carnaval. “En una emergencia nacional usted espera una sola dirección, una sola voluntad, pero aquí tiene que esperar 221 voluntades de los cantones, sobre todo en competencias que son sensibles”, menciona. El COE solo puede emitir exhortos y no órdenes.

El funcionario dice que, pese a las cifras altas de contagios, en este último asueto 150 alcaldías abrieron bares, discotecas y centros de tolerancia. “Por eso estamos generando una comisión técnica-jurídica con el Ministerio de Salud para ver cuáles son las reformas que se pueden plantear a la Asamblea, cumpliendo el pedido de la Corte Constitucional”.

EN DETALLE

Viajes. Entre el 1 de enero y el 16 de marzo de 2020, que se decretó el estado de excepción entraron a Ecuador 202.557 viajeros del exterior. 15.760 desde Madrid, 7.834 desde Ámsterdam y 69.952 desde Estados Unidos.

Sistema. El defensor del Pueblo asegura que el año antes de la pandemia, el Gobierno había despedido a 2.000 funcionarios de Salud y que no guardó recursos para comprar insumos.