Buque Isla Santa Rosa: ¿cuánto cambia la seguridad marítima en Ecuador?

La incorporación del buque guardacostas Isla Santa Rosa a la Armada del Ecuador se produce en un escenario de mayor presión sobre el espacio marítimo, marcado por el avance de la pesca ilegal, el narcotráfico y otras economías criminales en el litoral y aguas adyacentes. La nueva unidad amplía la capacidad operativa del Estado para patrullaje, control y vigilancia marítima, en momentos en que las autoridades enfrentan desafíos crecientes para proteger los recursos marinos y las rutas estratégicas del país.

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La unidad, donada por la Guardia Costera de Estados Unidos (USCG), fue transferida formalmente el 20 de noviembre de 2025 desde el estado de Maryland. Se trata de un patrullero de 110 pies (34 metros), anteriormente conocido como USCGC Anacapa, que fue reacondicionado y rebautizado como LG-40 Isla Santa Rosa. El buque zarpó de Baltimore el 5 de diciembre con destino a Guayaquil, donde se integrará al Comando de Guardacostas de la Armada.

Según información del Ministerio de Defensa y fuentes diplomáticas, la llegada de este buque permitirá incrementar la disponibilidad de patrulleros destinados a tareas de vigilancia marítima, interceptación e interdicción, así como a operaciones de búsqueda y rescate y protección de las líneas de comunicación marítima. La embarcación cuenta con un cañón Mk-38 y ametralladoras calibre 12,7 milímetros, un equipamiento adecuado para el control de naves rápidas y operaciones de abordaje en altamar.

¿Qué ocurre con la seguridad en altamar?

Para el analista naval Jorge Paredes, este tipo de plataforma cubre un segmento estratégico en la arquitectura de seguridad marítima. “Una embarcación de 34 metros, con buena autonomía y armamento estabilizado, ocupa el ‘espacio gris’ entre las lanchas rápidas y los buques de patrulla oceánica. Es idónea para patrullaje sostenido, abordajes y control del tráfico ilícito en rutas costeras y de mediana distancia”, detalla.

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La llegada del nuevo guardacostas se produce en un escenario marcado por el deterioro de la seguridad en varias zonas del litoral. En los últimos años, la pesca ilegal, la extorsión y los ataques a embarcaciones artesanales han dejado un saldo significativo de víctimas.

Investigaciones de EXPRESO han documentado desapariciones, asesinatos y cobros de ‘vacunas’ por parte de organizaciones criminales que, en algunos casos, cooptan a pescadores o utilizan embarcaciones civiles para actividades ilícitas. Provincias como Santa Elena, Manabí, El Oro y Esmeraldas figuran entre las más afectadas por estas dinámicas.

Desde el sector pesquero, Carlos Moreno, analista especializado, advierte que la protección de los pescadores no puede limitarse únicamente al patrullaje naval. “Se requieren programas de inteligencia pesquera, un saneamiento del registro de embarcaciones y acciones directas contra las redes logísticas que emplean barcos civiles para el transporte de droga”, sostiene.

Buque Isla Santa Rosa: el vínculo con las rutas del narcotráfico

En ese marco, considera que el buque Isla Santa Rosa puede aportar, especialmente, en operaciones de presencia disuasiva y control focalizado. Las rutas del narcotráfico en el Pacífico sudamericano son atravesadas por lanchas rápidas y embarcaciones tipo ‘go-fast’, con transferencias en altamar hacia buques nodriza.

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Frente a este escenario, un patrullero costero como el Isla Santa Rosa mejora la capacidad de detección e interdicción en corredores estratégicos y facilita operaciones conjuntas cuando existe intercambio de inteligencia y apoyo aéreo o satelital.

Para Alejandro Chanabá, profesor investigador de la Escuela Superior Politécnica del Litoral (Espol), la nueva unidad contribuye a cubrir una de las principales debilidades de la Armada. “Ayuda bastante, porque una de las principales carencias es la falta de unidades operativas rápidas para realizar seguimientos. Además, es necesario establecer puestos logísticos permanentes que permitan una presencia sostenida”, señala.

No obstante, los especialistas coinciden en que la incorporación del buque, por sí sola, no garantiza la desarticulación de las redes criminales. Mantener su operatividad exige mantenimiento constante, repuestos, formación continua de las tripulaciones y una cadena logística robusta que sostenga patrullajes prolongados.

Chanabá añade que el sistema debe complementarse con drones de alto alcance, que permitan mapear con precisión las zonas donde se concentran los movimientos de grupos delictivos y optimizar la ubicación de personal, armamento y embarcaciones.

En las islas Galápagos, por tratarse de una reserva, existe un mapeo de todos los pescadores artesanales. Cada uno tiene zonas específicas asignadas y hay un sistema que permite ver dónde están y qué actividades realizan.

Un esquema similar debería implementarse en el resto del país, como un mapa de operaciones. Ese equilibrio entre nuevas capacidades y sostenibilidad operativa determinará el impacto real del buque Isla Santa Rosa, una plataforma que amplía las herramientas del Estado para proteger sus aguas, pero cuyo éxito dependerá de una estrategia integral y de largo plazo en seguridad marítima.

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