La situación de la Corte Nacional de Justicia terminó por develarse tras el análisis que realizó un Comité Evaluador acerca de la actuación y patrimonio de los jueces que la integran. Lo relevante es que por fin dejó de ser un secreto el hecho de que muchos de los magistrados no actuaron a la altura de las circunstancias en casos tan susceptibles para la estabilidad democrática, en los que se sospecha que existieron supuestas coimas para definir fallos a favor de los involucrados. También se pudo conocer que muchas de las diligencias realizadas carecían del rigor profesional necesario para actuar en derecho, favoreciendo o perjudicando -según sea el caso- a quienes están implicados en delicados hechos de corrupción que aún esperan por resolverse.

Con un diagnóstico de esta naturaleza, urge una purga en la conformación de las salas para comenzar a sentar las bases de una legalidad sólida y, lo más importante, alejada de intereses políticos que puedan entorpecer los procesos. La justicia debe estar en manos de profesionales eficientes y de una honradez a toda prueba, que garanticen ecuanimidad en sus decisiones, no mercenarios del derecho que se lucran con su trabajo en desmedro del bien común.