Saben que tendrán que dejar sus puestos pero darán pelea. En una sola intervención los vocales del Consejo de la Judicatura, cesados el lunes por el Consejo de Participación transitorio, criticaron el proceso de evaluación, anunciaron que impugnarán el resultado y dieron una opción para ser reemplazados.

En el organismo transitorio, creado tras la consulta popular del 4 de febrero, también empezaron a analizar las opciones para llenar las vacantes que quedarán desde la próxima semana. Ellos parten de una certeza: no habrá una designación inmediata de los vocales del Consejo de la Judicatura.

Gustavo Jalkh y sus todavía compañeros creen que, cuando se confirme su salida, deberían asumir los cargos los alternos. Según el todavía presidente de la Judicatura, ellos no fueron evaluados.

Pero Participación no ve viable esa alternativa. Según Luis Macas, vocal del organismo, la resolución de destitución alcanza a los vocales principales y a los suplentes de la Judicatura. Todos ellos fueron señalados, entre otras cosas, por su origen ilegítimo, por el evidente conflicto de intereses e incluso por ineptitud profesional, como contó ayer EXPRESO.

Para Macas, una posibilidad es que, mientras se desarrolla el concurso para elegir a los nuevos vocales, se designe únicamente un director administrativo. El objetivo es que este funcionario se haga cargo de la Judicatura los próximos dos meses (tiempo aproximado que tardaría Participación para conformar el nuevo Consejo).

Macas dijo a los medios que, esta vez, personas probas formarán parte del organismo judicial.

Jalkh cree que lo que ocurrió el lunes “no es bueno para la institucionalidad del país”. Según él, “se ha evaluado injustamente el trabajo de una institución durante estos últimos cinco años y medio, sin que existan más que opiniones parcializadas y sin una evaluación objetiva”.

Claro que él no tiene, por ahora, muchos fans de su trabajo. Casi 800 denuncias ciudadanas se presentaron contra la Judicatura durante el proceso de evaluación. Colectivos y movimientos sociales respaldan al Consejo de Participación. Incluso entre los usuarios del sistema, abogados por ejemplo, quienes apoyan a la actual Judicatura están en minoría.

Ayer, Jalkh insistió en que no hubo sorpresa en la decisión del Consejo transitorio. Según él, la resolución con la cesación de sus funciones “la tenían preparada con mucha anticipación”. Repitió que el proceso fue un nuevo ejercicio de violación de normas básicas del debido proceso. “No nos aferramos a ningún cargo, no estamos para defender la permanencia en ningún cargo”, dijo. E hizo un último intento por defender su gestión: negó cualquier interferencia en las decisiones de los jueces y dijo que siempre se respetó la independencia judicial.

Justo lo opuesto a lo que dice Participación. Y también lo opuesto a lo que creen en la Asamblea. Los vocales del organismo, a pesar de haber sido cesados, no se librarán del juicio político: ellos todavía pueden ser censurados. La acusación que persiste es el incumplimiento de funciones.