Versión. El exgerente de Petroecuador Álex Bravo fue uno de los primeros en dar su versión en el caso.

Baquerizo se beneficio de una ‘falla’ judicial

Ni deportación ni situación irregular. Ambas pretensiones de la Fiscalía ecuatoriana fueron negadas por las autoridades peruanas en el caso del empresario Jaime Baquerizo, investigado por supuesto cohecho.

Ni deportación ni situación irregular. Ambas pretensiones de la Fiscalía ecuatoriana fueron negadas por las autoridades peruanas en el caso del empresario Jaime Baquerizo, investigado por supuesto cohecho.

Él fue detenido en Lima después de abordar un avión hacia Miami, EE. UU. Las autoridades del Ecuador buscan que responda por el presunto pago de una comisión de 600.000 dólares al exgerente de Petroecuador, Álex Bravo, investigado por presunto enriquecimiento ilícito. El mayor caso de corrupción denunciado en los últimos días.

¿Por qué salió libre? Las autoridades de Perú consideraron que no había motivos para su deportación. La boleta de detención que presentaron sus pares ecuatorianos era, específicamente, por 24 horas, no era prisión preventiva, contó a EXPRESO, la fiscal de Pichincha, Thania Moreno.

La funcionaria reconoció que la orden de detención es una especie de ‘aviso’, pero la prisión preventiva hubiese servido para asegurar su retorno al país.

Así, Baquerizo puede abandonar Perú. Por el momento, en libertad, el empresario guayaquileño descansa. Su defensor, Jorge Acosta, prefiere no revelar el sitio en el que se encuentra.

La negativa en su deportación no implica, sin embargo, que quede libre de la investigación de cohecho que inició la Fiscalía en su contra y de otras tres personas, señaló la fiscal.

Las pesquisas continuarán en el país. El lunes, a las 10:00, hay la extracción de información de un disco que envió la Unidad de Análisis Financiero. La diligencia será reservada y se desarrollará en Criminalística.

Acosta, quien defiende a tres de los cuatro procesados, está convencido de su inocencia. Uno de ellos fue detenido en Quito. “No hay méritos ni evidencias de la comisión del delito”, repitió a este Diario.

Asegura que tampoco hay empleados públicos entre los supuestos cohechados que están procesados. La Fiscalía inició la investigación tras la denuncia del secretario jurídico de la Presidencia, Alexis Mera.