En Azuay se ‘cocina’ una gran consulta popular contra la mineria

Un grupo de comuneros del cantón Girón, de Azuay, llegó la mañana de este 5 de junio a Quito, con el objetivo de entregar al presidente Lenín Moreno la notificación de los resultados oficiales de la consulta popular y así frenar la minería en Quimsacocha.

Cerca del 87 % de habitantes de ese sector votaron en contra de la minería, según los datos del Consejo Nacional Electoral (CNE). Sin embargo, aseguran que las empresas que se dedican a esta actividad continúan en la zona porque el gobierno no les ha notificado la decisión que Girón tomó el 24 de marzo pasado.

El prefecto del Azuay, Yaku Pérez, dijo que una vez que las autoridades sean notificadas de los resultados electorales, si no cumplen con el mandato de la consulta popular, podrían ser acusadas penalmente por desacato. Los comuneros darán a las autoridades un tiempo “prudencial” antes de tomar otras acciones.

“En los próximos días haré el petitorio para que el Consejo Provincial del Azuay haga el llamado a una consulta popular sobre minería en fuentes de agua, pero ya no solo en un cantón, sino en toda la provincia”, adelantó Pérez.

La tarde de este 5 de junio la Corte Constitucional (CC) empezará el análisis de la pregunta con la que se busca prohibir la minería en las parroquias La Carolina, Jijón y Camaño, Lita y Goaltal, ubicadas entre Imbabura y Carchi.

Los jueces constitucionales escucharán a quienes se oponen a los proyectos mineros y a los que están a favor, antes de tomar una decisión que podría dar paso a una nueva consulta popular sobre este tema.

El 24 de mayo, durante el Informe a la Nación, Moreno hizo un pedido “muy respetuoso” a los jueces de la Corte. “Si se autoriza cualquier mecanismo que implique un incumplimiento que, tarde o temprano, nos obligue a pagar una indemnización, le pido que también invite al pueblo a decidir de dónde saldrán esos recursos y cuáles serán las fuentes de financiamiento que reemplazarían los ingresos a los que debamos renunciar”, dijo.

Para las organizaciones que se oponen a las actividades mineras esa es una “grave insinuación” que podría tener como objetivo frenar futuras consultas populares sobre el tema.