Unos 500 operadores de justicia pudieran ser investigados por supuestas actuaciones al margen de la ley. Al menos esa es la aspiración de quienes se consideran perseguidos políticos por el gobierno del expresidente Rafael Correa.

¿Podrán fiscales investigar a fiscales y jueces? El exfiscal Pablo Encalada cree que no hay otra alternativa. Asegura que ya han habido casos cuando han caído fiscales por temas de corrupción.

Pero Encalada destaca una realidad: “lamentablemente el sistema se alinea fácilmente al poder. Así es que si hay decisión política los procesos avanzarán. Así de pobre es nuestra institucionalidad”, señala.

El exfiscal Fernando Lara indica que en otras legislaciones se designa fiscales independientes para esas situaciones. Él no es muy optimista. Revela que hay casos en los que en sentencia se ha dispuesto que la Fiscalía organice procesos en contra de fiscales por indebida actuación en procesos judiciales.

“Están años en investigación previa hasta que prescriben y luego solicitan el archivo sin practicar ninguna actuación, ni siquiera las versiones de las víctimas, esa es la suerte que correrán estos casos”, afirma.

Un primer pedido de indagaciones a más de 200 jueces y 42 fiscales se encuentra en la Fiscalía desde el 23 de octubre.

Lo presentó la vocal del Consejo de la Judicatura transitorio Zobeida Aragundi. Ella señala que “no se ha avanzado en nada” en esas investigaciones y los resultados hasta el momento no se han evidenciado.

En total serían casi 100 fiscales involucrados (más del 11 % de los 841 fiscales con los que contaba la Fiscalía en enero).

En jueces el porcentaje subiría a casi el 20 %, pues estarían señalados casi 400 operadores de los 2.000 con los que contaba el sistema a inicios de año.

EXPRESO consultó a la Fiscalía sobre la apertura de expedientes pero hasta el cierre de la edición no hubo respuesta.

Pero Aragundi no se da por vencida. Ayer volvió a la Fiscalía para reunirse con la fiscal (e) Ruth Palacios. Llevó tres denuncias en contra de una veintena de operadores de justicia. Fue acompañada por tres sentenciados por la revuelta policial del 30 de septiembre de 2010.

Son el mayor (sp) del Ejército Fidel Araujo condenado por incitación a la rebelión; el político Víctor Erazo del caso de EcuadorTV y Máximo Rivera, un exfuncionario público.

Según Araujo en el trámite de su expediente hubo la injerencia del gobierno de Correa sobre el Poder Judicial para sentenciar. Él dice que se debe investigar con responsabilidad, ser prudentes y respetar el debido proceso de los señalados.

Aragundi llevó además un testigo protegido dispuesto a revelar las disposiciones, presiones y órdenes que recibían jueces y fiscales en el trámite de casos.

Víctor Erazo destaca que algunos de los 495 operadores señalados por el informe de la Mesa de Justicia siguen en funciones, a otros se les subió de rango y pasaron a ser jueces nacionales y notarios. “Se nos juzgó con pruebas forzadas, testigos falsos, piezas ilegales”, dice.

Según Paúl Jácome, presidente de la Mesa de Justicia, en la Corte existen al menos 21 entre jueces y conjueces que habrían actuado en los casos.

Entre ellos Miguel Jurado y Luis Enríquez. Antes de llegar a la Corte fueron fiscales inferiores y jueces. Este Diario solicitó un criterio a Jurado y Enríquez y se espera una respuesta.

Cuestionamientos

Condena

El coronel Rolando Tapia fue jefe de la Escolta Legislativa durante la revuelta policial del 30S. Él recuerda que Miguel Jurado (actual juez nacional) investigó su caso. Afirma que fue acusado y condenado por presentar su apoyo a sus subordinados.

Señalamientos

Galeano Balcázar, excoordinador misional de la Fiscalía con Paúl Pérez y designado fiscal de Pichincha, sería otro de los señalados en el informe de la Mesa de Justicia. Él conoció casos 30S. EXPRESO solicitó su criterio. Al cierre de la edición no hubo respuesta.

Otros casos

La vocal de la Judicatura, Angélica Porras señaló que entre los supuestos perseguidos políticos del correísmo estuvieron activistas y defensores de los derechos de la naturaleza, indígenas, estudiantes y personas que denunciaron actos de corrupción.