Austeridad que no llega
El decreto de austeridad, firmado por el Gobierno en septiembre de 2017 y que dispone la reducción de los gastos en las entidades públicas, aún no se ha cumplido a cabalidad.
Pese a todos los esfuerzos realizados por el Ejecutivo, a inicios de esta semana trascendió que un ministerio gasta miles de dólares en el arriendo de bienes, mientras que en las bodegas de una empresa de telecomunicaciones se acumulan teléfonos obsoletos que ya no se pueden vender.
A esto se suman los resultados de una evaluación al parque automotor estatal, que determina que miles de vehículos oficiales no están en óptimas condiciones por falta de control.
Los ejemplos son muchos e igual de preocupantes para un país con déficit de empleo. Llama la atención que en épocas de crisis económica, las empresas e instituciones públicas no logren definir una hoja de ruta que permita potencializar el ahorro de recursos.
Es urgente que se optimicen los procesos en entidades obesas en las que se abusó del dinero de los ecuatorianos, para transparentar las cuentas y comenzar a poner en orden una casa en la que la improvisación, la burocracia y las malas prácticas han sido casi una norma a seguir.