Los economistas que suscriben las tesis de la expansión fiscal como elemento rector del crecimiento (la denominada posición keynesiana) argumentan que cualquier retracción del gasto público provoca una caída del crecimiento.

No es así.

Partiendo del principio incontrastable de que los impuestos no crean valor agregado, sino que redistribuyen los ingresos del bolsillo de los contribuyentes a las arcas estatales, no existe fundamento lógico para sostener el argumento de que el gasto público es la fuente del crecimiento.

Más aún, en la versión ecuatoriana, el Gobierno apropia para sí los ingresos del petróleo y del crédito público. El petróleo es un juego de casino donde se gana o se pierde dependiendo de eventos que, por no estar bajo control, bien podrían darse del otro lado de la luna. El crédito público sí es una herramienta tangible, pero es arma de doble filo cuando se mal utiliza para crear condiciones de crecimiento a partir del consumo gubernamental.

Finalmente, el régimen tributario es depredador y termina restándole recursos a la economía, pues es a todas luces evidente que el dinero en manos de los contribuyentes es mucho más productivo que en las de un Estado que se caracteriza por la mala práctica económica, la corrupción generalizada, y el desperdicio de ingentes recursos en proyectos cuyo valor en muchos casos es nulo.

El ahorro es la fuente de capitalización que alimenta la inversión, que a su vez causa el crecimiento. Los países asiáticos han salido de la pobreza a la prosperidad precisamente porque han tenido tasas de ahorro superiores al 35 % del PIB en forma sostenida. Noruega ha crecido con petróleo, y manejo estatal, porque instituyó un fondo soberano de inversiones que hoy supera los $200.000 por habitante.

El modelo del socialismo siglo XXI no funciona debido a que suprime la iniciativa productiva (y a través de ella la generación del empleo, y el subsecuente consumo), y traslada la iniciativa hacia fines político-partidistas que provocan la degeneración del desarrollo y la pérdida de bienestar de los ciudadanos.