La austeridad se atrasa hasta en la cupula gubernamental
El decreto de Lenín Moreno cumple dos años, pero hay recortes pendientes. El traspaso de inmuebles es la orden menos acatada, incluso desde la Presidencia.
Dos años y contando. El presidente Lenín Moreno firmó el 1 de septiembre de 2017 el Decreto Ejecutivo 135. Llegó al Registro Oficial diez días después con el propósito de implementar medidas de austeridad dentro del gobierno. La orden, sin embargo, todavía no termina de acatarse plenamente.
Ministerios, secretarías, servicios, agencias y las empresas públicas implementaron un recorte en los viáticos y en la compra de boletos de avión. También redujeron el gasto corriente por el pago de horas extras y la contratación de planes de telefonía móvil para los burócratas. Este último representa uno de los cortes más abruptos.
Las autoridades estatales olvidaron, sin embargo, entregar los bienes subutilizados y limitar los consumos corrientes innecesarios. El decreto ordena la entrega de bienes inmuebles improductivos. Moreno dispuso que las entidades públicas entreguen las casas, departamentos, oficinas, locales, terrenos y parqueaderos que no sean utilizados al Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público (Inmobiliar), para que sean distribuidos, entre otros, a instituciones que actualmente arriendan sitios de trabajo. A la fecha, según información del servicio estatal, no se ha recibido ninguna enajenación o transferencia oficial.
Hasta agosto, cuenta el reporte de la entidad, Inmobiliar ha enviado 90 oficios a los entes del Ejecutivo para solicitar “un inventario detallado de los bienes inmuebles que serán objeto de transferencia”. Ese procedimiento ha sido cumplido parcialmente.
La Presidencia de la República es un ejemplo. En sus inventarios constan seis inmuebles que ya están registrados pero aún no son traspasados. Lo mismo se puede evidenciar en la Vicepresidencia y en los ministerios.
La transferencia de bienes no es el único pendiente. Petroecuador y Petroamazonas debían contar con una herramienta que permita analizar y optimizar la carga laboral de su personal. El Ministerio de Trabajo y la Empresa Coordinadora de Empresas Públicas (EMCO) debían entregar el sistema para esa contabilización. Según el informe de agosto de la estatal Petroamazonas, el paso todavía no se cumple.
“Hasta el momento, Petroamazonas se encuentra a la espera de la entrega de la citada herramienta”.
EXPRESO le consultó a EMCO sobre el pendiente. Según la coordinadora, existen los mecanismos pero no serán aplicados hasta que las dos petroleras estatales concreten la anunciada (y también pendiente) fusión. “Realizar un proceso de medición de carga representa un riesgo”, afirmó.
Los ajustes del decreto
Telefonía
La medida solicitaba reducir el número de planes de telefonía móvil pagados por el Estado para burócratas. En 2017 ese beneficio se limitó a altos funcionarios del sector público. A la fecha, en entidades como el Ministerio de Economía y Finanzas nadie recibe un plan de telefonía totalmente pagado por el Gobierno. En otras instituciones se limitó al máximo.
Consultorías
Las consultorías, que durante el régimen del expresidente Rafael Correa sirvieron para contratar a varios profesionales sin ser controlados por el Estado, se limitaron por la orden presidencial de septiembre de 2017. En el Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop) se fijaron pasos para limitar el acceso a este tipo de contratación. Ahora existe un banco de consultorías hechas.
Seguridad
El Ministerio del Interior (ahora fusionado con el Ministerio de Gobierno) debía emitir las autorizaciones y documentos para que las empresas públicas contraten servicios de seguridad. Así, esperaba el Decreto Ejecutivo 135, se podía poner un límite real a los contratos que antes se hacían de manera directa. Ese paso se cumple con normalidad.
