La tentativa de magnicidio del sábado pasado en Caracas contra el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, mediante la utilización de drones cargados de explosivos -uno de los cuales explotó cerca de la tarima presidencial dejando siete militares heridos-, constituye el hecho más grave de violencia política opositora en ese país. Y pone al descubierto también a una oposición violenta y desesperada que por ser además de minoritaria y desorganizada -como lo demostró el triunfo de Maduro en las elecciones presidenciales-, carece de futuro y opta, como lo ha hecho, por recurrir a la violencia extrema y personalizada del “sicariato” través de la gestión estólida de financistas opositores residentes en el exterior, para segar la vida de su adversario en el poder. Y eso ya no es un acto político en modo alguno, es canibalismo, asesinato de la democracia, renuncia a los principios básicos de convivencia.

Más lejos aún, es marchar en contravía de la civilización, ceder la primacía de la razón a la violencia, tratar de imponer el querer personal sobre la voluntad común de los demás, del común de la gente; de que sobre la fraternidad se imponga el odio; y en el entramado de la organización mundial de países y de Estados, quebrantar el principio de respeto al orden democrático y convivencia pacífica de la comunidad.

Por eso es que ante el flagrante atentado y el consecuente quebrantamiento del orden democrático en Venezuela, lo que en verdad se juega es, tengamos el valor de decirlo, no el derrocamiento a como dé lugar de un presidente constitucional al que se endilga sin más el calificativo de “dictador”, sino la subsistencia de un sistema político socialista de gobierno frente al modelo neoliberal de derecha, predominante en la región en la actualidad. Son los países progresistas latinoamericanos los que primero han rechazado el atentado y manifestado su solidaridad al presidente Maduro: Cuba, Nicaragua, Bolivia, El Salvador. Ecuador, en buena hora, junto a otros países en la órbita mundial, como Turquía, Rusia, Irán Siria, España y Alemania, igualmente lo ha hecho.

¿Qué podemos pensar de los gobiernos, sobre todo de los países de la región, que guardaron silencio?