Que exista un millón de ciudadanos afiliados a los denominados sistemas de medicina prepagados establece al menos dos certezas: la primera, que pese a las críticas a las que están constantemente sometidos y a las falencias que pueden determinarse, muchos ecuatorianos estiman conveniente mantenerse vinculados, pese al costo, a una o varias de las empresas que brindan dicho servicio; y la segunda es que, lamentablemente, los servicios de salud brindados por las instituciones dependientes del Ministerio de Salud Pública del Ecuador o del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, no han logrado hasta ahora ofrecer ni la cobertura ni la calidad de prestaciones a las que la población aspira.

Ante esta realidad, luce de prudencia elemental no propiciar situaciones que pueden hacer colapsar el sistema de medicina prepagada, que al decir de las instituciones que lo conforman, estaría en riesgo de liquidación o quiebra, algunas ya lo han hecho, en razón de una reforma de la ley que lo regula, propuesta durante el anterior gobierno.

En esencia, la situación que genera el riesgo arriba mencionado deriva de la intención de que “las compañías que financian servicios de atención integral de salud prepagada o de seguros que oferten cobertura de atención de seguros de asistencia médica, deberán cancelar o reembolsar a la institución de la Red Pública Integral de Salud, los montos o valores que por atención médica en sus unidades se haya efectuado a personas que también sean titulares y/o beneficiarios de seguro privado de salud y/o medicina prepagada”.

La misma obligación se establecería para el caso de que la prestación se haya brindado en una institución de salud privada, siempre que se haya dado la respectiva derivación.

Pareciera, para colmo, que la pretensión surge de un informe actuarial del IESS que confunde los ingresos de las empresas de medicina prepagada con sus utilidades, multiplicando erróneamente su magnitud.

Al respecto, ya se ha planteado una demanda de inconstitucionalidad de la mencionada ley.

Cabe señalar que, una quiebra del sistema de medicina prepagada le haría perder mas de 5.000 empleos directos a una nación ya agobiada por una crisis económica que sería necio agravar.

Es de esperar, que con base en datos reales, se proceda en consecuencia.