Insultos, acusaciones y gritos. Así concluyó este viernes 15 de octubre de 2021 la presentación de pruebas para el juicio político del exministro de Energía, René Ortiz, que se realizaba en la Comisión de Fiscalización.

Los protagonistas de las agresiones verbales fueron los legisladores Fernando Villavicencio, presidente de esa mesa, y Luis Almeida (PSC). Este último impulsa la denuncia contra Ortiz por un presunto incumplimiento de funciones.

“Que quede en actas la temeraria insinuación del legislador Luis Almeida de que aquí hay plata. Yo no acepto ni he aceptado de nadie. Y me he enfrentado solito”, dijo Villavicencio visiblemente molesto.

Según Villavicencio, Almeida lo acusó de haber recibido dinero para salvar al ministro Ortiz, y que elabore un informe en donde no recomiende su enjuiciamiento político.

Almeida negó a este Diario que haya hecho esa acusación y que se trató de un mal entendido. “Yo hice un ademán cuando estaba hablando el exministro, cuando dijo que había ahorrado más de $ 1.000 millones para el Estado por la aplicación del sistema de bandas para el cobro de combustible de gasolina y diésel”.

Almeida dijo que las diferencias surgieron durante la presentación de los comparecientes y las pruebas. A criterio de Almeida, el presidente de la Comisión no las valoró y adelantó criterios “estableciendo que no existen pruebas dentro del proceso, pese a que existen más de 550 fojas agregadas”.

Por otro lado, Villavicencio indicó que Almeida y el legislador Salvador Quishpe no presentaron pruebas sino que llegaron con consignas políticas.

Al exministro Ortiz se lo acusa por la “sobrefacturación por servicio de energía eléctrica” durante la cuarentena que vivió el país por efectos de la pandemia del COVID-19.

También se lo investiga por haber liberado “de manera abrupta” la banda de combustibles. Con esa decisión se habrían incumplido principios de sostenibilidad, precaución, prevención y eficiencia en la administración, regulación y gestión de la política pública en materia de combustibles.

Según el Código de Ética de la Función Legislativa, el “irrespetar con agravios” a otro legislador se considera una falta leve. Esta actitud acarrea una sanción de ocho a treinta días de suspensión.