La vacunación no fue suficiente. El Pleno del Legislativo censuró este 14 de febrero de 2023 a Ximena Garzón, exministra de Salud Pública del régimen de Guillermo Lasso, en el marco del juicio político iniciado en su contra por el incumplimiento de sus funciones como titular de esa cartera de Estado. Durante la sesión del Pleno, sus interpelantes, los asambleístas Ricardo Vanegas y Nathalie Viteri, sustentaron el proceso del control político.

Según la moción presentada por Vanegas, una copia del informe del juicio político elaborado en la Comisión de Fiscalización  y la votación de la Asamblea Nacional será enviado a la Fiscalía General del Estado para que inicie las investigaciones pertinentes pro el presunto cometimiento del delito de peculado en el uso de medicinas caducadas y sin buenas prácticas de manufactura de Ginsberg S.A.

En su intervención, el legislador Vanegas, de Pachakutik, destacó que el primer mandatario implementó una nueva forma de adquisición de fármacos a través de régimen especial. Para implementarla, según continuó, varios representantes del Estado, entre ellos el del Ministerio de Salud liderado por Garzón, sostuvieron reuniones que permitieron "que se haga la trampa a la ley y se dicten modificaciones al reglamento de contratación pública".

Esta modificación, según destacó Vanegas, permitió que empresas que estaban impedidas de vender al sector público "llenen los hospitales" con sus fármacos. Una de las señaladas es la farmacéutica Ginsberg S.A. que, según continuó el legislador, mantuvo alianzas con las empresas públicas y estas fueron las que proveyeron de medicamentos  a los hospitales del Ministerio de Salud Pública. Contratos firmados por Ximena Garzón en diciembre de 2021.

Los medicamentos de Ginsberg S.A., según indicó Vanegas, fueron objeto de 13 alertas de la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (Arcsa) desde agosto de 2021 por incumplir parámetros de calidad (ocho alertas), problemas en la documentación (dos alertas) y por comercialización (tres alertas). Luego de estas alertas, según continuó, dos de las ocho subentregas de medicamentos fueron inmovilizadas, provocando un perjuicio para el Estado de $5 millones, aproximadamente.

En este punto, la asambleísta Nathalie Viteri, también interpelante de Garzón, señaló que la Ley de Contratación Pública no le permitía a la exministra comprar fármacos a empresas que no tengan ese giro del negocio. Asimismo, sobre las otras causales del juicio político, Viteri indicó que la Constitución señala que "es responsabilidad del Estado garantizar el acceso permanente, oportuno y sin exclusión a los programas y servicios de salud". Viteri también recordó los problemas que las personas con enfermedades raras, huérfanas y catastróficas y señaló que "la exministra Garzón dejó en el abandono a estas personas".

Por su parte, la exministra de Salud, Ximena Garzón, durante su intervención, reiteró que "las aseveraciones (de sus interpelantes) no tienen ninguna evidencia" y que los asambleístas debieron seguir el control político a los exministros de Salud y otros funcionarios que en la pandemia compraron fundas de cadáveres y mascarillas con sobreprecio.

Sobre los procesos de contratación Garzón explicó que cuando asumió el cargo solo había un 52% de abastecimiento de medicinas y que durante su administración se realizaron cinco procesos de compra, algunos de ellos por emergencia y otros por régimen especial. Sobre esta última modalidad, la exfuncionaria indicó que "es un instrumento legal que consta en la contratación pública. No se ha reformado por ningún Decreto Ejecutivo". Asimismo, destacó que "nunca se contrató a dedo. Se hizo invitaciones a empresas públicas".

Sobre las alertas del Arcsa, Garzón indicó que cuando se realizaron los procesos de compra, la Universidad Central y la Universidad Técnica de Ambato fueron las únicas empresas que respondieron a la invitación hecha por el Ministerio de Salud, mismas que, según defendió, se encontraban habilitadas por el Sercop y el Arcsa.

"¿Solo desde mi gestión no se los atendió?", cuestionó Garzón sobre la acusación de haber desatendido a las personas con enfermedades raras, huérfanas o catastróficas. Asimismo, destacó que, "en la emergencia, de 123 fármacos para estas enfermedades, apenas se pudo comprar 42. No nos vendieron los fármacos porque querían (las farmacéuticas) aprovecharse para vendernos a precios carísimos".