Un empecinamiento que le empezó a costar su entorno cercano. La presidenta de la Asamblea Nacional, Guadalupe Llori, anunció ayer que peleará en el ámbito legal hasta cuando le sea posible, lo que significa que no dejará el camino fácil para la creación de la comisión pluripartidista de evaluación.

Este giro hacia lo judicial sería la razón por la que dos piezas importantes de su equipo de trabajo, Gustavo Isch, secretario de Comunicación, y el asesor de presidencia, Óscar Sánchez, dieran un paso al costado en las últimas horas.

“Al parecer no se les consultó y tampoco estuvieron de acuerdo con este ‘as debajo de la manga’ que sacó Guadalupe y el coordinador jurídico de la Asamblea, Santiago Salazar, al presentar la medida cautelar”, señaló un legislador cercano a Pachakutik que pidió omitir su nombre.

Ayer, en la Asamblea no solo se hablaba del procedimiento que deberían seguir las tres denuncias que fueron presentadas en contra de Llori y del Consejo de Administración Legislativa (CAL) con miras a crear la comisión, sino que también se buscaba una explicación convincente a su postura de aferrarse a la presidencia de la Función Legislativa.

“Sin duda hay un abandono total de lo que es la institución de la Asamblea y únicamente ya hay un interés personal de estar en el cargo. Cualquier otra persona habría renunciado y evitado que sea el propio Legislativo el que vaya cavando su tumba”, dijo el coordinador del Partido Social Cristiano (PSC), Esteban Torres.

Lejos de las grabadoras, los legisladores y asesores legislativos especulan con mayor soltura. Algunos creen que la presidenta se “encaprichó” con el cargo, o que está mal asesorada por los colaboradores que le quedan y no le dejan ver lo que realmente está pasando.

Otro asambleísta le dijo a EXPRESO que quizás la explicación a esta estrategia de “ganar tiempo” de Llori tenga algo que ver con las expresiones del asambleísta independiente Bruno Segovia, quien la semana pasada aseguró que la presidenta le dijo que puso hasta el último teniente político en la provincia de Orellana. “¿En dónde más tendrá cargos?”, se cuestionó.

Llori tiene su versión. En entrevista con el canal Teleamazonas aseguró que es una mujer “desprendida” que no se aferra al cargo, pero tampoco está dispuesta a que, por “tumbarla”, se violen las leyes y los procedimientos establecidos para conformar la comisión evaluadora. Solo por eso agotará las instancias que le sean permitidas.

A Darwin Pereira, asambleísta disidente de Pachakutik, se le hace difícil imaginar una razón por la que Llori, hasta hace poco su coidearia, se haya aferrado tanto al cargo, pero le inquieta que en ese afán se haya llegado hasta lo judicial. “Ella sabrá explicar y responder en su momento. Lo que nosotros cuestionamos es su manejo de la Asamblea”, señaló.

Ayer la actividad entre los legisladores de Unión por la Esperanza (UNES), PSC y ‘rebeldes’ de Pachakutik fue intensa pero sigilosa. Se coordinaban los siguientes pasos en la búsqueda de conformar la comisión de evaluación. Los socialcristianos, por ejemplo, adelantaron que mocionarán en el pleno de la Asamblea una resolución para rechazar la intromisión de la justicia en el trabajo parlamentario y que no se acate la medida cautelar otorgada por el Tribunal de Garantías Penales para Llori.

Pereira, por su parte, se encargó de pedir el cambio del orden del día en la sesión del CAL prevista para la tarde de ayer, para que se traten “inmediatamente” la denuncia presentada contra Llori por parte de Torres y las dos denuncias entregadas por UNES y el asambleísta Gruber Zambrano en contra del CAL.

Un tibio llamado de atención

El Comité de Ética de la Asamblea Nacional reapareció ayer para hacer un llamado de atención a la presidenta Llori, por la crisis que atraviesa esa institución.

También, para solicitar al legislador Bruno Segovia y a las bancadas que presenten sus denuncias sobre posibles actos irregulares.

José Chimbo, presidente del Comité, dijo que esta instancia no puede actuar de oficio, sino que requiere que haya una denuncia por escrito.