Serrano cumplió con su derecho al voto en horas de la mañana.

La Asamblea creara comision para ejecutar cambios tras consulta

José Serrano como presidente de la Asamblea ya analiza lo que sucederá luego de las votaciones del 4 de febrero.

El presidente de la Asamblea Nacional de Ecuador, José Serrano, adelantó que se creará una comisión especial en el parlamento para implementar los cambios necesarios que se deriven de los resultados de la consulta popular y referéndum que se desarrolla este 4 de febrero.

“En la Asamblea, dentro de la agenda legislativa, haremos también una pausa para incluir todos los temas concernientes a la consulta popular porque la implementación tiene que darse a través de las normas, a través de las reformas constitucionales, que ya tienen que quedar selladas en la Asamblea”, dijo.

Serrano, del movimiento oficialista Alianza País, señaló que para ello crearán una “comisión ocasional especial” integrada por nueve miembros de las diferentes bancadas, que “permita en los próximos treinta días trabajar en esa perspectiva”.

Recordó que en el proceso electoral de hoy hay enmiendas y reformas legales, por lo que apuntó que la “prioridad” en la Asamblea esta misma semana será conformar la comisión.

Para Serrano, que esperará los resultados del proceso electoral en el palacio de Carondelet, sede del Ejecutivo, las siete preguntas a las que responden los ecuatorianos “marcarán un nuevo punto de partida para la democracia”.

Al proceso electoral están convocados poco más de trece millones de ecuatorianos en las 24 provincias del país, así como en las circunscripciones del exterior, donde están llamados 400.000 electores.

En las urnas se responde a siete cuestiones vinculadas con la lucha contra la corrupción, la eventual anulación de las reelección indefinida, la posible derogación del Consejo de Participación Ciudadana, la lucha contra la pederastia y la imposición de restricciones a la minería descontrolada.

Estas cinco forman parte del paquete del referendo, e implican de hecho una reforma constitucional, en tanto que las dos últimas -la anulación de la ley de plusvalía y la reducción del área de explotación petrolera en el Parque Natural del Yasuní- suponen la modificación de normas de rango inferior.