
La Asamblea analizara justificaciones de Ochoa
Le tomó 32 días responder públicamente. El cambio de un texto de la Ley de Comunicación –en una versión de bolsillo impresa por la Superintendencia del área– motivó un pedido de explicaciones de la Asamblea, otro de destitución y una demanda penal en l
Le tomó 32 días responder públicamente. El cambio de un texto de la Ley de Comunicación –en una versión de bolsillo impresa por la Superintendencia del área– motivó un pedido de explicaciones de la Asamblea, otro de destitución y una demanda penal en la Fiscalía General.
Pero Carlos Ochoa, titular de la Superintendencia, negó que él hubiese ordenado la modificación de la norma. ¿La justificación para el cambio? “Un error de transcripción o tipeo”.
Lo dijo en una comunicación que envió al Legislativo el 18 de julio (que se hizo pública ayer) y ante los periodistas.
El funcionario aseguró que está claro que la expedición, codificación, reforma y derogación de las leyes le corresponde solo a la Asamblea Nacional.
Pero aunque la respuesta de Ochoa llegó hace 15 días, cuatro oficialistas consultados por EXPRESO dijeron no conocer el documento.
Christian Viteri, quien promovió el pedido de explicaciones, dijo la tarde de ayer que solicitará por escrito a la presidenta de la Asamblea, Gabriela Rivadeneira, que le remita una copia de la respuesta del superintendente.
E insistió en que la única institución que está en capacidad de reformar una norma es la Asamblea. “Solo se puede aceptar que sea una falla de transcripción o de tipeo, lo demás es inaceptable”, dijo.
Menos flexibles son las organizaciones de la sociedad civil vinculadas con la defensa de la libertad de expresión: insisten en la destitución de Ochoa. Ellos cuestionan, además, que el texto modificado sirvió de base para sancionar a 11 radios.
Pero Ochoa también lo negó. Según él, ese documento no es utilizado para tratar los temas que ingresan a la Superintendencia y descartó que sobre esa base se haya sancionado a algún medio de comunicación.
El funcionario aseguró que se aplica la ley que está publicada en el Registro Oficial. “No hemos planteado ningún proceso administrativo con lo que señala la disposición transitoria sexta”, dijo.
Insistió en que no ordenó el cambio de la norma. Se enteró de la modificación, dijo, por los medios de comunicación.