Ecuador ha dado esta semana un paso adicional en el camino hacia la recuperación de los recursos públicos que se perdieron durante los años de corrupción en la contratación pública. La Fiscalía ha llevado a la Asamblea una propuesta de ley de extinción del dominio que, pese a los recelos levantados por ciertas disposiciones, es un paso más que acerca al país a la experiencia de otros Estados de la región que llevan años persiguiendo los activos de los que se alimenta el narcotráfico o el terrorismo.

Colombia, Perú y México son ejemplos de la recuperación de bienes desviados o generados por la actividad ilícita que han terminado en manos del Estado.

El punto de partida es simple. “La riqueza obtenida de un ilícito nunca puede generar derechos”, recuerda Douglas Medardo Torres Feraud, director binacional de Ecuador y Perú de la Organización de Especialistas en Delitos Financieros. El especialista en el rastreo de activos se acoge a las numerosas normas internacionales que, acogidas por los países, ayudan o marcan la pauta sobre cómo luchar contra la corrupción, el terrorismo y el narcotráfico y cómo evitar que las organizaciones criminales disfruten de sus fortunas ilícitas. El lavado de activos, tipificado como delito por recomendación internacional, es el punto de partida.

Todos los países, según el acervo compartido, deberían perseguirlo y cooperar mutuamente para desvanecer sus efectos. Esto es, para que una nación que ha sido perjudicada pueda pedir a otra que colabore en congelar, retener y devolver los bienes cosechados por la delincuencia. Este punto es clave para Ecuador en la trama auspiciada por Odebrecht. Las investigaciones hablan de que en Suiza hay un servidor con información detallada de las transacciones irregulares realizadas, al que Ecuador no ha tenido acceso, sino de forma indirecta, de momento por las dificultades técnicas y formales de la cooperación entre países.

Esos datos han llegado de la colaboración con otras administraciones como Brasil o Panamá, pero resulta imprescindible acceder al conjunto de datos para saber dónde y en qué montos precisos buscar el dinero ecuatoriano desviado.