
Aquiles Álvarez vs Rafael Correa: ¿Quién es el abogado que desató la disputa?
La designación del abogado Ramiro García Falconí como parte del equipo legal del alcalde Aquiles Álvarez avivó las tensiones
La reciente disputa pública entre el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, y el expresidente Rafael Correa ha traído a la palestra a un personaje conocido en los círculos judiciales, académicos y políticos: el abogado Ramiro García Falconí. Pero ¿quién es este jurista que ha generado tal confrontación?
El detonante del conflicto
La polémica se encendió cuando Aquiles Álvarez incorporó como parte de su equipo jurídico al abogado Ramiro García Falconí, expresidente del Colegio de Abogados de Pichincha, exdecano de la Facultad de Derecho de la Universidad Central y férreo crítico del correísmo.
Álvarez está procesado en el caso Triple A, investigado por la Fiscalía por una presunta comercialización ilegal de combustibles. Y el 27 de mayo se enfrentaba a una audiencia preparatoria de juicio y la posibilidad de ser acusado por el fiscal Carlos Alarcón.
Conocida la decisión, Correa, prófugo de la justicia, la criticó a través de redes sociales, donde señaló a García como un “enemigo político” que, según él, ha sido parte de una “persecución judicial” en su contra y contra sus aliados.
Álvarez respondió con firmeza, defendiendo la trayectoria profesional de García y cuestionando la intromisión de Correa. “Lo doloroso es ver cómo se prefiere atacar públicamente al abogado que me defiende, a criticar en silencio y esperar que se solucione mi caso; así no esté de acuerdo con mi abogado. Lo considero una falta de respeto y sinceramente me da muchísima pena. Ni siquiera veo que en ese hilo del abogado se le falta el respeto a usted. De locos”.
¿Quién es Ramiro García Falconí?
Ramiro García es un abogado penalista de larga trayectoria, con un perfil técnico y una postura firme frente a los abusos del poder. Fue presidente del Colegio de Abogados de Pichincha entre 2015 y 2018, periodo en el que se consolidó como una voz crítica contra la cooptación de la justicia durante el correísmo.
Es profesor universitario, analista jurídico. Ha sido articulista en diversos medios de comunicación; y ha sido un activo defensor de los derechos humanos y del debido proceso. Su nombre ha estado ligado a causas emblemáticas, como la defensa de los llamados “10 de Luluncoto”.
El caso de los 10 de Luluncoto
Uno de los momentos más tensos entre García Falconí y el correísmo fue su rol como abogado defensor en el caso de los 10 de Luluncoto, un grupo de jóvenes detenidos en 2012 bajo cargos de terrorismo, acusados de planear atentados contra el Estado.
El caso fue ampliamente criticado por organismos de derechos humanos, que lo calificaron como un montaje político para criminalizar la protesta. Los jóvenes pasaron más de un año detenidos y, finalmente, sus condenas fueron anuladas por fallos judiciales que evidenciaron irregularidades procesales.
García, en su momento, denunció que el sistema judicial estaba siendo utilizado como herramienta de persecución y que los fiscales, como Diana Fernández León, actuaban bajo presiones políticas. Estas declaraciones lo enfrentaron directamente con el aparato del Estado y con figuras cercanas a Rafael Correa, como el exministro del Interior, José Serrano.
Un conflicto con trasfondo político
La reacción de Correa ante la presencia de García en el entorno de Aquiles Álvarez no es una sorpresa. Para el expresidente, el abogado representa a un sector de la sociedad civil que resistió a su proyecto político y denunció sus excesos.
En cambio, para Álvarez, su colaboración responde a la necesidad de contar con profesionales independientes y competentes, sin someterse a vetos políticos del pasado. Y que pueda abordar su caso penal, luego de los errores de defensa cometidos por otros profesionales. Como el hecho de que, en su momento, no apeló que se le ordene colocarse el grillete electrónico y cuando llegó el día que debía usar no se presentó, lo que provocó que el fiscal pida una audiencia para cambiar las medidas y solicitar al juez la prisión preventiva.
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