Lo que ocurre al interior de AP no es un reacomodo ideológico de fuerzas. Es un choque entre un aparato político que se conformó utilizando la estructura estatal, y un núcleo partidario que toma una actitud de alineamiento con el oficialismo, presionado por la creciente realidad social de rechazo a ese fiasco que atropelló los intereses y la dignidad colectiva, se alzó con ingentes recursos públicos, e impuso una práctica cleptómana como forma de gobernar. Por ello, la gestión presidencial no puede, bajo ningún justificativo, depender del desenlace de aquella confrontación. Su punto de partida debe arrancar de un correcto y objetivo análisis de los escenarios, del tipo de intereses en conflicto y de lo que piensan los diversos sectores de la ciudadanía. En esa línea, es aconsejable que el Ejecutivo ubique, con mucha sagacidad y precisión, hasta dónde le conviene afincar su fuerza en una organización política de escasa legitimidad, con numerosos resquicios de responsabilidades a ser señaladas y juzgadas en el momento oportuno, y con más tonos grises que transparencias.

Las proclamas de adhesión por parte de quienes se pronuncian apoyando las decisiones oficiales, deben ser ubicadas en su verdadero contexto, tomando en cuenta que, en las circunstancias que vive la política nacional, pueden obedecer a sentidas y sinceras actitudes o a pronunciamientos utilitarios y oportunistas. En esta delicada tarea de leer el momento político se debe actuar con el mayor cuidado a fin de que el sentimiento y la percepción del ciudadano común no sean postergados por lo que puede ser interpretado como aprovechamiento inmediatista y ocasional. Actuar así significaría que el régimen ha decidido otorgar mayor importancia al detalle pequeño y superficial antes que a las expectativas de un conglomerado hastiado de los engaños del poder y a la espera de soluciones visibles, reales y urgentes.

Si Moreno quiere arreglar el repugnante desmadre que dejó Correa, debe apoyarse en la sociedad y en sus organizaciones representativas.