Anemia severa
El Ecuador sufre de anemia severa en el ingreso de fondos internacionales. Mover las manzanas dentro de la misma bandeja, no las multiplica. Es hora de que el Gobierno se dedique, de manera seria e intensa, a la reactivación del sector privado productivo, pues es evidente que no le está prestando la suficiente atención por estar apagando incendios ocasionados por el déficit presupuestario que les dejó la terrible y excesiva corrupción del desgobierno anterior.
Tenemos en el país empresas importantes que por la desconfianza en las instituciones del Estado y en el sistema judicial corrupto, buscan remesar buena parte de sus recursos a otros destinos donde sienten que sus capitales estarán más protegidos.
Hasta ahora, no se ha lanzado un gran plan nacional de incentivo y apoyo al sector privado; muchas reuniones, inconmensurables cocteles, feas fotos y nada en concreto.
No podemos tapar el sol con un dedo, muy pocas empresas confían en las instituciones del Gobierno y no es para menos, luego de haber vivido diez años de persecución, chantaje y coimas provenientes desde las más altas autoridades del país.
El país no necesita de la proliferación a discreción de instituciones para la lucha anticorrupción, lo que urge es la reactivación de la economía nacional y de ese sector productivo generador de empleo; pero hasta ahora, lamentablemente, no vemos noticias alentadoras o de agradecimiento masivo del sector privado al Gobierno. Por el contrario, lo que tenemos son una serie de avisos alarmantes de lo que pasa en varios sectores que ven amenazada su permanencia en nuestro país, debido a la escalada de costos de producción, que mantienen asfixiada a buena parte de las industrias locales.
No existen fórmulas mágicas socialistas para terminar con esta sequía de ingresos frescos y reactivar la economía; basta únicamente con la férrea decisión de atraer el capital, y eso se logra a través de normas claras que generen la confianza del sector productivo, con la aprobación de leyes favorables a las exportaciones, que protejan al inversor nacional y extranjero.
