Analisis Financiero uso $ 4,2 millones, en 2017
La UAFE estuvo en la mira de Contraloría de 2012 a 2016 por falencias en sus contratos. Diana Salazar es la nueva directora.
Su actividad es discreta, pero su alcance hace ruido. La Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), que estrenó directora esta semana con el nombramiento de la exfiscal Diana Salazar, puede presentar informes de “movimientos inusuales” de funcionarios públicos y de personas naturales en sus cuentas bancarias para que la Fiscalía General del Estado investigue.
Para eso, en 2016, la entidad contó con un presupuesto de 4,7 millones de dólares y utilizó cerca del 88 %. 4,2 millones de dólares. Del monto, 1,8 millones de dólares se utilizaron para el pago de salarios a funcionarios públicos.
Los nombres de esos empleados, sin embargo, se mantienen en reserva. Aunque la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública ordena que ese tipo de datos sean públicos, una resolución de la Unidad -emitida el 27 de enero de 2017- clasifica como “información secreta” a los documentos que contengan “datos de carácter personal de los servidores y funcionarios de la UAFE”. El afán es “garantizar la integridad del personal que labora en la entidad”.
Lo que no es secreto, al menos para la Contraloría General del Estado, es el manejo económico de la Unidad. Durante cinco años -de 2012 a 2016-, el ente de control revisó los estados financieros y movimientos de los directivos de la UAFE y encontró algunas alarmas.
Lo primero fue que, a decir de la Contraloría, la entidad suscribió catorce contratos por emergencia “sin motivación de fuerza mayor o un caso fortuito”. Además, no se elaboraron estudios técnicos para la adquisición de un sistema para la prevención del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, ente 2012 y 2016.
La Unidad de Análisis Financiero gastó 1,6 millones de dólares en los contratos emergentes para la adquisición de nuevas oficinas y su equipamiento (cableado, equipos y hasta aire acondicionado). El problema, dice el informe de Contraloría, es que no hubo una justificación oficial para declarar esos contratos como “de emergencia”. Eso ocasionó que las compras “no se realicen sobre la base de las necesidades de la entidad, de una planificación de actividades y cuenten con un presupuesto referencial, lo que dio lugar a que se efectúen adecuaciones en un bien privado”.
El mismo estudio de la Contraloría muestra que, para la adquisición de un sistema para la Prevención y Erradicación del Lavado de Activos no hubo un informe técnico previo al inicio del proceso de contratación. Por eso no se pudo verificar si se asignó el contrato a una empresa que cumpla los requisitos o que su producto haya estado acorde a las necesidades de la Unidad.
