Ha sido la única tarea de la Comisión de Biodiversidad de la Asamblea. El Código del Ambiente, cuyo trámite empezó en octubre de 2014, contempla reglas, regulaciones y garantías para proteger el entorno.

Para el oficialismo es hacer realidad las normas constitucionales que, por ejemplo, reconocen los derechos de la naturaleza. Será de difícil aplicación, no está claro el financiamiento y crea una burocracia con la Autoridad Nacional del Ambiente, advierte la oposición.

La norma crea un Sistema Único de Manejo Ambiental para mitigar la contaminación y los daños. Esas son las principales preocupaciones de la ciudadanía, subraya el texto.

La iniciativa asigna a los Gobiernos Autónomos funciones para manejar ese sistema, controlar la calidad y sancionar por su incumplimiento. Al mismo tiempo diseña un Sistema Único de Información Ambiental para hacer auditorías.

Pero, quizá, uno de los temas más importantes es que la norma pretende enfrentar el cambio climático. De ello se habla en todo el mundo y hay acuerdos internacionales.

La iniciativa habla de limitar las emisiones de gases con efecto invernadero y de contaminación. Sin embargo, no detalla cómo hacerlo. Además, crea un Registro Nacional de Cambio Climático, un inventario del efecto invernadero en el país. Menciona un mapa nacional de vulnerabilidades, programas de educación y sensibilización sobre este fenómeno.

El Código incluye incentivos ambientales para las empresas que cuiden el medio ambiente con un consumo responsable de energía, o la utilización y reciclaje de residuos. También la conservación de bosques, páramos, manglares, la forestación y reforestación.

“Quien contamina paga”, dice el texto, que dedica un capítulo a la reparación integral por daños al ambiente, sanciones por infracciones leves y muy graves, y multas económicas. Entre esas sanciones están la paralización, suspensión, retención y clausura de obras.

Pepe Acacho, miembro de la Comisión de Biodiversidad, se quejó porque “se ha demostrado hasta la saciedad que los gobiernos seccionales ejecutan obras de desarrollo sin tomar en cuenta los impactos ambientales. Esto solo son letras bonitas”, indicó.

Para Esperanza Martínez, ambientalista de Acción Ecológica, es un instrumento con visiones tradicionales y neoliberales de medio ambiente. Reconoce muy pobremente los temas ambientales y la naturaleza como sujetos de derecho, dijo a EXPRESO.