El 28 de septiembre de 2022, el vocal suplente del Consejo de la Judicatura, Álvaro Román Márquez, informó que presentó un recurso de aclaración y ampliación a la sentencia de la Corte Constitucional que resolvió la pugna de la presidencia de la Judicatura. Según Román, en el dictamen no se especifica si, hasta que se nombre a la nueva autoridad máxima del organismo, él podría o no ejercer su titularidad.

"Acárese su (...) me corresponde o no asumir la presidencia del Consejo de la Judicatura (...) al ser vocal suplente de la presidenta (entonces era María del Carmen Maldonado) ", señala el documento de Román e indica que fundamenta su pedido en que, actualmente, "no existe un presidente titular".

Asimismo, Román destaca que "no me queda claro si desde ahora en adelante, hacia el futuro, pese a ser el vocal suplente de la presidenta de la Judicatura y al no existir titular de la entidad, continuaré impedido de ejercer el cargo conforme a la decisión del Consejo de Participación Ciudadana Transitorio".

En otro de los puntos, Román solicita a los magistrados de la Corte Constitucional que aclares si las disculpas públicas ordenadas en el dictamen "debe ser entregado de forma electrónica o puede ser entendido en el marco de un reconocimiento público presencial". Esta aclaración, según Román, la pide porque "sería más oportuno" que las disculpas sean públicas y presenciales por la "afectación a mi trayectoria profesional pública".

Además, sobre el pago de $5.000 por daños inmateriales, Román pide que se aclare la motivación de la indemnización y las razones que los magistrados de la Corte evaluaron para determinar la procedencia del monto ordenado.

El 26 de septiembre de 2022, la Corte Constitucional resolvió la acción de protección presentada por Álvaro Román Márquez sobre su reclamo de la titularidad del Consejo de la Judicatura. Según el dictamen, una vez sea notificado el actual presidente encargado de la Judicatura, Fausto Murillo, este deberá inmediatamente solicitar al Pleno de Participación la activación del mecanismo de selección. Hecho eso, en un plazo de cinco días, el Consejo de Participación deberá solicitar la terna a la Corte Nacional de Justicia para selección y designación de su delegado ante la Judicatura.