Alfredo Escobar: “La ley, una aberracion y un limite a las inversiones”
Se esperan reformas a la Ley de Telecomunicaciones, cambios que han pedido las empresas de telecomunicaciones, en especial Conecel, la más importante del país y que facturó $ 1.319 millones en 2018, frente a los 652 millones de su seguidor, Otecel (Mov
A Alfredo Escobar no lo apasionan solo las telecomunicaciones. El presidente ejecutivo de Conecel (Consorcio Ecuatoriano de Telecomunicaciones), con su marca insigne Claro, siente apego hacia el cacao, algo que lo ha cautivado desde cuando dio sus primeros pasos en el campo de Paján, Manabí, donde su abuelo cosechaba la pepa de oro. Al mando del timón de Conecel, dice, su meta es también penetrar la señal del desarrollo en el sector rural, pero hay trabas inmensas. Las principales: la ley y la actitud de algunos municipios.
- La Ley de Telecomunicaciones es una traba. ¿A qué ha conducido esta?
- En Latinoamérica, Ecuador es el país que tiene la mayor carga fiscal para el sector de telecomunicación. Justamente a partir del año 2015 las telecomunicaciones móviles particularmente entran en contracción, crecen por debajo de la economía, cuando normalmente veníamos creciendo arriba de ella. La industria se cae por debajo de lo que se cayó la economía.
- Usted atribuye esto a la ley.
- En el 2015 se aprueba la Ley Orgánica de Telecomunicaciones, que trae una aberración absoluta, el artículo 34, que es un peligro a la libertad empresarial, es un límite a las inversiones. El artículo 34 crea algo que se llama impuestos por participación de mercado, que se mide en número de usuario; un usuario que le puede consumir a lo mejor 10 centavos en un mes, porque hay clientes que solo reciben llamadas o reciben mensajes.
- Podría decirse que castiga la eficiencia: mientras más invierte, más crece, más paga.
- Si usted crece a partir de determinado nivel va a pagar un impuesto, aparte del Impuesto a la Renta, del IVA, del impuesto que se paga por las concesiones, etcétera. A partir de determinado momento los inversionistas podrían decir que les cuesta más el impuesto que lo que puede generar la nueva inversión.
- ¿De cuánto es este impuesto?
- Va desde el 0,5 % de la facturación y puede llegar hasta el 9 % de la facturación total. No estamos hablando de la rentabilidad. Es realmente una limitante muy grande, es una restricción gigantesca a la política de apertura a las inversiones que quiere tener este Gobierno. Este impuesto solo lo paga el sector de las telecomunicaciones.
- En valor monetario, ¿cuánto les ha costado esto?
- Claro está pagando alrededor de un 3 % adicional sobre su facturación total. Desde el 2015 hasta la fecha hemos venido pagando un promedio de 40 a 45 millones por año.
- Hay otro aspecto importante y tiene que ver con la expansión de las telecomunicaciones. Estamos atrasados.
- Otro absurdo es cómo las frecuencias funcionan en Ecuador en las telecomunicaciones móviles. Cuando se quiere llegar a un pequeño poblado, a una comuna de 2.000 o 3.000 habitantes, se tiene que instalar infraestructura y una radio base, y hay que pagar por cada radio base adicional una licencia, cuando ya se ha pagado una concesión general. Por servir a poblaciones que económicamente no son del todo rentables, hay que pagar también un rubro trimestral.
-¿El último pago de concesión general de cuánto fue?
- De 290 millones (de dólares) en ese momento a la firma y pagamos el 3,93 % de nuestros ingresos por servicios anuales desde el 2008. Aparte de eso, subieron el Impuesto a la Renta después de haber estado en el 22 %, volvió a subir al 25 %.
- ¿Cuánto empleo está generando Claro?
- Claro genera 3.000 plazas de trabajo directas e indirectamente influye en más de 200.000 plazas de trabajo.
- Algunos municipios quieren cobrar también por concesiones. ¿Qué ha pasado?
- Los municipios tienen autonomía para generar sus ordenanzas y a través de ellas, muchas veces reñidas con principios constitucionales, han querido darle forma a este sofisma para poder intentar perpetrar la captura de recursos de manera ilícita. Llegaron al absurdo de que teníamos que pagar el uso del espectro radioeléctrico, cuando ya nos lo dio el Estado en la frecuencia. Manabí es parte del Estado al que ya pagamos y por eso nos sacaban títulos de crédito, nos congelaban las cuentas. Era un comportamiento mafioso. Eso lo paramos con juicios muy fuertes. Si eso no hubiese pasado, desde hace dos años ya habrían tenido mejor servicio Manabí, Esmeraldas y otras provincias de la Sierra. Esto se ha expandido a otros sectores. Compañías como Holcim y otras nos preguntan cómo hicimos nosotros, porque les están haciendo lo mismo a ellos.