Dos nuevos informes, la misma conclusión: en el Gobierno de Rafael Correa hubo injerencia del poder político en la administración de justicia.

El Departamento de Estado de Estados Unidos advirtió, ayer, la “interferencia ilegal” de las autoridades en la familia, el hogar y la correspondencia, lo que tuvo su reflejo en “restricciones en la libertad de expresión”, especialmente en la prensa.

El informe valora positivamente la actuación del Gobierno de Lenín Moreno, que “mantuvo un control efectivo” sobre las fuerzas de seguridad y tomó medidas para investigar y juzgar a funcionarios que cometieron violaciones a los derechos humanos. Sin embargo, de acuerdo con el documento, en casos de interés público, la “injerencia política” tuvo como resultado la impunidad de los acusados.

La organización internacional Human Rights Watch (HRW), complementó esa lectura. En la década bajo el mando de Correa existió, dice el documento, “un patrón de acciones gubernamentales orientadas a presionar o coaccionar al Poder Judicial en su manejo de casos importantes o con implicaciones políticas”.

La organización habló con 12 personas, un fiscal, un juez y 10 exjueces quienes contaron las amenazas y represalias que sufrieron en el último periodo. En el centro de las acusaciones está, otra vez, el Consejo de la Judicatura.

Tomás Alvear, director del organismo, volvió a negar las acusaciones. Según dijo a EXPRESO, todas las resoluciones de la Judicatura han sido apegadas a la ley y a sus atribuciones legales. “Hay poderes económicos detrás que están interesados en que este Consejo salga antes (...) podríamos estar siendo estorbo para alguien”, aseguró.

Según él, el informe de HRW es poco serio. El documento cuenta los casos de jueces que recibieron ‘visitas’ de funcionarios y asesores de la Judicatura para intentar inclinar una sentencia: serían, al menos, 20 casos. Cuenta como, antes, funcionarios del ministerio del Interior asistían a los juicios contra líderes indígenas para, posiblemente, “intimidar a los jueces”. El organismo también cuestiona la existencia del “error inexcusable” que, contrario a las normas del Derecho Internacional, ha permitido la destitución de jueces.

La organización lamenta que estas denuncias no hayan tenido eco en la Fiscalía. Ahora su esperanza está en el Consejo de Participación transitorio. Allí, además, hay otras 563 denuncias ciudadanas contra la Judicatura.

Las denuncias

Jueces

El informe recoge varios casos de jueces que relatan las “represiones” sufridas por la Judicatura, incluida la “destitución”. La Judicatura reclama que no se hayan precisado todas las denuncias para responder. Alvear cree que hay poco cuidado en el manejo de la información.

Concurso

HRW asegura que en 2011, en el ministerio de Justicia evaluaron los antecedentes de quienes concursaban para ser jueces. A los “peligrosos” los identificaron como “abogado de la derecha”, “oposición” o ha realizado “manifestaciones contra el régimen”.

Correo

El ya famoso correo que Gustavo Jalkh envió a Rafael Correa avisándole que había suspendido dos juezas que estaban “perjudicando al Estado”, también está en el informe. La Judicatura dice Jalkh no “avisaba”, sino que expresaba su opinión.