Por aire, mar y tierra

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Por aire, mar y tierra

Comentarlo como acontecimiento no tiene sentido. Los temas vinculados al tráfico de drogas en el Ecuador se han vuelto cotidianos y, por tanto, han perdido todo su contenido noticioso. Sin embargo, no cabe olvidarse del asunto. Involucra mucho más que el comercio ilegal de estupefacientes. La magnitud del negocio es de tal naturaleza que abarca un inmenso horizonte, todo el que se puede abarcar en función de los formidables ingresos que acumula, todo el que se puede adquirir (comprar) con esas enormes disponibilidades.

¿Está ya penetrada por el dinero del dinero del narcotráfico nuestra política, tal cual ha ocurrido en países del vecindario? Por supuesto que también. La dimensión alcanzada por la todavía ilegal profesión puede financiar muchas actividades, obviamente la de la política, que no deja de ser interesante para efectos de ‘habeas corpus’ o legislación ‘ad hoc’. Y lo mismo sucede con “adquisiciones” en el ámbito de la administración de justicia y, por supuesto, entre los miembros de las fuerzas de seguridad.

¿Qué hacer? Sencillo, ya se ha planteado antes: quitarle su enorme rentabilidad al negocio, legalizándolo.

Claro que proponerlo es más sencillo que realizarlo pero, al menos, resulta evidente que la actual estrategia no está funcionando y es una gran necedad seguir intentando proseguirla.

Si el combate al narcotráfico se enfrenta como una guerra, dicha conflagración la van a ganar los narcos con el apoyo de los mercenarios que se puedan comprar y los terroristas que estarán encantados de obtener financiamiento seguro para sus delirantes siembras de miedo. Así las cosas, la sugerencia es parar en lo hasta la fecha actuado y revisar comportamientos y resultados. Experiencias para comparar existen de sobra. La fase experimental ha sido ampliamente cumplida. Ahora, cuando es tiempo de escoger caminos que desechen lo ya probado inútil, la legalización acabaría de un tajo con el atractivo y el alto costo (alta ganancia) de lo prohibido y le quitaría su principal justificación. Por supuesto, dicho consumo legalizado debería estar bajo estricto control estatal.