Aguas residuales, bomba de tiempo

Más de 250.000 habitantes de Guayaquil podrían resultar afectados por los malos olores provenientes de aguas residuales en las zonas de mayor desarrollo de la ciudad: la vía a la costa, la vía a Samborondón y el sector de La Aurora. Los organismos responsables del control de las plantas de tratamiento, tanto públicos como privados, aseguran que estas cumplen con los estándares exigidos por las autoridades ambientales y que su funcionamiento es adecuado. Sin embargo, el problema -que en algunos sectores ya lleva casi dos años- se ha intensificado en los últimos meses, al punto que la exigencia de una pronta solución es ya un clamor ciudadano.

De acuerdo con estudios de la Organización Mundial de la Salud, cualquier experiencia que genere malestar físico, emocional o mental se considera una afectación de la salud. Los malos olores actúan sobre el sistema nervioso central o periférico y pueden producir dolor de cabeza, náuseas, problemas respiratorios, inhibición del apetito y alteraciones en el estado de ánimo. Aunque no ocasionan la muerte, pueden dar lugar a la pérdida del sentido del olfato, en detrimento de la calidad de vida de la persona.

El crecimiento de Guayaquil se está dando justamente en los tres sectores que han reportado la contaminación ambiental por lo que urge encontrar soluciones; de lo contrario se convertirá en un problema de salud pública de dimensiones mayores (en el área de la vía a Samborondón faltan por desarrollarse alrededor de 3.000 ha, sin contar los macrolotes de la vía a la costa cuando se construya el nuevo aeropuerto en Daular).

Todas las instituciones involucradas, como la Municipalidad de Guayaquil (Dirección de Ambiente) y municipios de los cantones que integran su área de influencia, así como las empresas proveedoras de agua potable y alcantarillado, y de fiscalización de este servicio, -Interagua, Amagua, Emapag-, deben emitir, en el menor tiempo posible, un informe para la ciudadanía que defina con claridad cuáles son las autoridades y organismos responsables de esta prestación; se entregue un diagnóstico real de la situación; y se presente un plan para el control de emisiones y adecuado funcionamiento de las plantas de tratamiento de aguas residuales que asegure la solución del problema en lo inmediato y a largo plazo.