La administracion de justicia
Pese a ser un mandato constitucional, durante casi toda la década pasada la administración de justicia no se ejerció con la independencia que la Suprema Ley determina, pero tampoco dicha violación constitucional conllevó el establecimiento de responsabilidades administrativas, civiles o penales.
Así, pese al reclamo constante de los ciudadanos y de algunos medios de comunicación colectiva, incluso se debió soportar la insolencia de que desde la tribuna oficial se oficie como juez, nada menos que por parte del primer mandatario de entonces, que bajo la doctrina de que la separación de poderes establecida por Montesquieu era obsoleta, usó y abusó de todas las funciones del Estado.
No fue entonces infrecuente que en las tristemente célebres sabatinas se demande sanción para cualquier ciudadano que se hubiese atrevido a manifestar una opinión discrepante, un criterio crítico.
Especialmente denigrante para el sagrado principio que garantiza el ejercicio independiente de la Función Judicial, fue lo actuado en múltiples casos por el fiscal general de la Nación, lo que mereciendo repudio público fue causa probable de que haya anticipado su salida del alto cargo a cuya dignidad no respondió.
Ahora el país mira con asombro cómo luego de ocho meses de prisión se declara la inocencia de un ciudadano al que en primera instancia se vinculó al caso Odebrecht y luego a la evasión de impuestos.
Sin duda, se continúa viviendo un periodo de inseguridad jurídica que debe superarse prontamente, de modo que la confianza recuperada sea la posibilidad de aspirar a lograr beneficios derivados de esa condición “sine qua non” para la inversión externa, por ejemplo.
Por supuesto y sobre todo ello, de la administración de justicia y su calidad dependen la libertad y la honra, y por ambas, como enseñaba Don Quijote, hay que estar dispuestos a “aventurar la vida”.
Ojalá pronto, más allá de las denuncias, tardías algunas, de los problemas de todo tipo que la administración de justicia ha suscitado, lo actualmente conocido y reconocido sea oportunidad para las imprescindibles rectificaciones que el país espera con inquietud.
Es un derecho de los ciudadanos la garantía de una administración de justicia absolutamente independiente y ya es hora de que el Ecuador deje de seguir aspirando a conseguirla y la obtenga en plenitud.
