Acusacion de la Procuraduria describe la trama de corrupcion en el correismo
Se trató de la “institucionalización de un sistema de corrupción profesional” en el gobierno de Rafael Correa, dice la institución en su escrito.
La acusación particular de la Procuraduría, en el caso ‘Sobornos 2012-2016’, describe lo que se habría registrado en casi cinco años del gobierno del expresidente Rafael Correa.
Resume miles de páginas que constan en el expediente que investiga los supuestos aportes ilegales que contratistas del Estado habrían efectuado a movimiento PAIS.
Se trató de la “institucionalización de un sistema de corrupción profesional” en el gobierno de Rafael Correa, dice la Procuraduría en su escrito. Reitera que se trató de un sistema de ‘difícil detección’ conformado por funcionarios y colaboradores denominados líderes y coordinadores.
Estos sobornos, por disposición del expresidente Rafael Correa, dice la Procuraduría una vez aceptados, habrían sido recibidos y administrados por funcionarios públicos de nivel jerárquico medio, denominados ‘coordinadores’ “o, quienes habrían implementado un perfecto sistema de recaudación paralelo al del movimiento PAIS, que ha sido identificado con los nombres de ‘Archivos verdes’”. Entre ellos Verde Final, Victoria Andrade, Victoria Andrade listado, Victoria II, Victoria III, entre otros.
El dinero se habría empleado en los gastos de las campañas electorales en las que el correísmo se alzó con las victorias consecutivas en las contiendas electorales.
Los beneficiados, producto de la recaudación del dinero de los sobornos, era de manera directa a Movimiento PAIS y “un reducido grupo de militantes, simpatizantes o personas cercanas al expresidente Correa”, señala la acusación.
La Procuraduría indica que la autorización previa para la distribución de los recursos provenía del presidente del movimiento Alianza País, del segundo vicepresidente y del coordinador comunicacional de PAIS.
¿A dónde fue el dinero? La Procuraduría señala que fue utilizado en: aportes para candidaturas nacionales en 2013, para candidaturas seccionales en 2014, abonos por servicios jurídicos verdes, convención nacional del Movimiento PAIS de 2013, pago por la prestación de servicios publicitarios y comunicacionales, pago por la presentación de artistas en mítines políticos, préstamos personales, servicios de seguridad civil ‘Escuadrón Verde’, traslados y alimentación, préstamos para cubrir traslados de ‘SP’ (código que usaba Rafael Correa) a Tena, cumpleaños de ‘SP’, entre otros rubros.
Los pagos, como se ha reflejado en la información recopilada por la Fiscalía de los cuadernos de Pamela Martínez, exasesora de Correa, y de la computadora de su exasistente, Laura Terán, se hicieron en efectivo a través de la entrega de dinero en sobres o a por cruce de facturas.
Ese último mecanismo consistía en el pago que efectuaban los empresarios a los proveedores de PAIS, contra facturas emitidas por sus empresas.
Según el escrito, se utilizó como plataforma a la Presidencia de la República, Vicepresidencia, ministerios Coordinador de Sectores Estratégicos, de Transporte y Obras Públicas y Secretaria Nacional del Agua.
El abogado del Estado, Íñigo Salvador, describe que las instituciones fueron dirigidas o representadas de manera cíclica, consecutiva y recurrente por servidores públicos, gobernantes de élite o designados por el expresidente Correa. Ellos, dice la acusación, en el ejercicio de sus funciones, entre el 2012 y 2016, habrían adjudicado contratos y suscrito convenios con transgresión expresa de los principios de legalidad, trato justo, igualdad, calidad, oportunidad, concurrencia, transparencia, publicidad y participación nacional. Todos estos determinados en el articulo 4 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, tomando en consideración que el convenio de pago es un acto convencional que utiliza el Estado de manera excepcional y previo al cumplimiento de formalidades sustanciales para su perfeccionamiento.
Según la acusación, en el presente caso, los convenios de pago habrían sido utilizados como regla general y no como excepción, convirtiéndose en un mecanismo de pago en la construcción de obras de infraestructura desde el Estado por montos millonarios, presumiblemente a cambio del ofrecimiento y entrega de sobornos provenientes de un sistema de corrupción empresarial conformado por empresarios nacionales y extranjeros.
La jueza Daniella Camacho convoca para el próximo miércoles 4 de septiembre a las 09:00 al procurador general del Estado, Íñigo Salvador, para que reconozca la firma y rúbrica de la acusación particular presentada en el caso Sobornos.