Abogados van a la resistencia
El presidente del Colegio de Abogados del Guayas, Jimmy Salazar Gaspar, precisa que “la declaración bajo juramento del detalle de empresas offshore, constituidas en el exterior por estudios jurídicos ecuatorianos, debería ampararse en el objeto de esta
Inconstitucional. Así consideran abogados a la disposición transitoria tercera de la ley de solidaridad por el terremoto, aprobada la tarde del jueves por la Asamblea.
La norma dice que los estudios jurídicos deben enviar a la Administración Tributaria un reporte de actividades sobre la creación, uso y propiedad de sociedades ubicadas en paraísos fiscales o jurisdicciones de menor imposición de beneficiarios efectivos ecuatorianos.
Pablo Encalada, Iván Castro Patiño, Jorge Alvear, Cristóbal Buendía, Heinz Moeller Gómez y Ramiro García, por ejemplo, apoyarán las demandas de inconstitucionalidad que se presenten sobre este inciso que, dicen, viola los derechos humanos consagrados en la Constitución y en los tratados internacionales de los que Ecuador es firmante.
Jorge Alvear Macías dice que es una barbaridad jurídica, un retroceso y una violación de las garantías y protección de los derechos humanos al que está obligado el estado. “Parece que no se conoce que Ecuador ha suscrito tratados internacionales, entre ellos, el de los principios básicos de la función de los abogados que prohíbe perseguir o amenazar su seguridad cuando intervienen en la protección de los derechos de sus clientes”, dijo.
El presidente del Colegio de Abogados de Pichincha, Ramiro García, anunció que su gremio presentará la demanda de inconstitucionalidad a ese inciso una vez que la reforma sea publicada en el Registro Oficial. Antes, entre el lunes y martes, enviará una carta al presidente Rafael Correa explicando que la norma “constituye una forma de inducción al delito”.
Pero en caso de que eso se publique, adelanta, solicitará a los afiliados que se declaren en resistencia. El jurista y catedrático universitario explica que el secreto entre cliente y abogado hace parte del derecho a la defensa de cada persona.
Además de inconstitucional, añade, la norma viola de manera directa el numeral 1 del artículo 335 del Código Orgánico de la Función Judicial que prohíbe a los abogados revelar el secreto de sus patrocinados. “Constituye una forma de inducción al delito porque el abogado que haga lo que dice esta norma legal se lo obliga a delinquir la ley”, insiste.
Anunció que la próxima semana convocará a Quito a los colegios de abogados del país para discutir esos temas y emitir un pronunciamiento conjunto.
El presidente del Colegio de Abogados del Guayas, Jimmy Salazar Gaspar, precisa que “la declaración bajo juramento del detalle de empresas offshore, constituidas en el exterior por estudios jurídicos ecuatorianos, debería ampararse en el objeto de establecer la licitud de los fondos con que opera y el uso y destino en que se administra, materia que es de responsabilidad directa de los dueños de dichas compañías y no de sus abogados”.
Además, señala que, en caso de haber contratos con cláusulas de confidencialidad, los profesionales del Derecho estarían impedidos de pronunciarse respecto de información relativa al contrato con su representado. Por tanto, menciona, se debería ponderar las garantías de los abogados.