Tumbar al presidente Sebastián Piñera. Ahora, ya, en marzo, a las puertas del proceso constituyente que arrancará con el referéndum del 20 de abril. Aprovechar una fecha emblemática, el 8 de ese mes (Día Internacional de la Mujer), y la capacidad de convocatoria del movimiento feminista. Mantener las calles encendidas, aunque el santiaguino promedio ya esté harto y la posibilidad de un nuevo estallido de violencia le produzca más temores que esperanzas. Atribuirse la representación de un descontento que, en el fondo, es de todos, incluida la derecha… La izquierda radical chilena, cuyos varios candidatos apenas superaron el 6 por ciento de los votos en las últimas elecciones presidenciales (frente al 55 por ciento de Piñera), apuesta por una agenda que le permita llegar a la Constituyente convertida en la vanguardia dirigente del proceso. La convocatoria a una gran huelga general va cobrando forma, los videos de encapuchados hablando de un nuevo estallido se multiplican en las redes sociales y el ciudadano de a pie ya va pensando que tendrá que abastecerse de productos no perecibles (arroz, fréjol, enlatados) para sobrevivir a la embestida. Algunos temen que lo peor todavía esté por venir.

“El miedo tiene que cambiar de bando”. El español Juan Carlos Monedero, politólogo podemita de visita en Santiago de Chile, ante un auditorio de jóvenes radicales y políticos viejos que lo aclaman, lo admite sin rodeos: “me gusta esa frase”. Dicha en la trinchera, hasta se podría entender. Pero Monedero la despacha en un contexto harto diferente: el primer Foro Latinoamericano de Derechos Humanos (Foladh), organizado por el senador y excandidato presidencial por el movimiento PAIS, Alejandro Navarro (0,36 por ciento de los votos en la primera vuelta en 2017), con el fin de posicionar internacionalmente su proyecto de asalto del poder. “Lo normal es que caigan los gobiernos”, corrobora el socialista chileno Marcos Enríquez, uno de los fundadores del Grupo de Puebla, cuyo proyecto es ambicioso y pasa por eliminar el Senado y disolver Carabineros.

La frase que gusta a Monedero es una auténtica declaración de principios. Y de fines. Miedo y derechos humanos: en la visión de la izquierda radical reunida en el espléndido antiguo salón del Senado de la República, a una cuadra de la Plaza de Armas, estos dos conceptos riman. Parece confirmarlo, en las calles, una combinación de dos grafitis pintados a mano alzada sobre las fachadas de distintos locales comerciales: el primero dice “El supermercado te roba” o “La farmacia te roba”; el segundo, “Saquea al capital”. No son pocos los dependientes y propietarios que lo interpretan como una amenaza muy clara. Aquí y allá, se multiplican los carteles con la consigna “Se viene el estallido”. El miedo, sí, cambió de bando. Más aún: se generalizó. 

Sin embargo, es difícil encontrar un chileno que no esté de acuerdo con un hecho fundamental: razones para la protesta sobran. Es verdad que los indicadores macroeconómicos son todos positivos, pero no se puede decir lo mismo de la economía de los hogares: el 70 por ciento no llega a fin de mes. Más allá de ese dato concreto, hay una suma de componentes intangibles que configuran el descontento: que el salario del presidente (el más alto de la región) supere cómodamente los 15 mil dólares (es decir, gana en un día más de lo que un obrero gana en un mes) es solo uno de esos componentes, el más recurrente cuando se discute de estas cosas en la calle o en las sobremesas. 

Un diputado gana 13 mil. Y el salario mínimo se sitúa en 458 dólares. Mejor que en el Ecuador, es cierto, pero en un modelo económico basado en el consumo, en el que el acceso a ciertos bienes materiales (tecnología y viajes, por ejemplo) acarrea un enorme peso en el reconocimiento social de las personas, resulta del todo insuficiente. 

Es decir: las capacidades del modelo para redistribuir riqueza no satisfacen las expectativas de consumo y reconocimiento social creadas por el propio modelo. Sin contar con la supervivencia de ciertas lógicas históricas: el mercado (rey absoluto y desregulado del modelo) ofrece democratización e igualdad de condiciones; pero el ‘pituto’ (lo que en Ecuador llamamos ‘palanca’) sigue siendo determinante para todo. Y para tener pituto hay que tener contactos. Y para tener contactos hay que haber estudiado en colegios y universidades impagables. En suma: es un tema de expectativas incumplidas que se percibe como injusticia social pura y dura.

Entre la enorme cantidad de estadísticas y cifras que sociólogos y economistas debaten por estos días en su intento de comprender lo que está ocurriendo, hay una harto significativa: los datos sobre la desigualdad. Lo curioso es que ha caído, sí, pero ese no es el punto. 

Ocurre que el grupo de referencia con el que se mide Chile es la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos): 36 países, la mayoría de ellos del primer mundo (Chile y México son los únicos latinoamericanos en tan selecto club), que acostumbran a medir su desigualdad en dos momentos: antes y después de la redistribución, es decir, antes y después de descontar impuestos y sumar transferencias y servicios. Antes de la redistribución, Chile se encuentra en mejor posición que Irlanda, Alemania y ¡Finlandia! Después de la redistribución, en cambio, es con mucho el peor de todos. Conclusión: el Estado chileno no redistribuye. Y eso, más que una realidad económica (que también), es una que tiene sus efectos en lo que el historiador británico E. P. Thompson llamaba “la economía moral de la multitud”: el Estado y la institucionalidad no han cumplido su parte; el pacto social ha quedado roto. 

En el antiguo salón del Senado, la izquierda radical que prepara su estrategia para asaltar el poder en marzo próximo no contempla ni remotamente estas variables que hacen de la protesta chilena un caso especial en América Latina. Lo que ocurre aquí es equiparable a los rituales de ciertas sectas evangelistas cuyos fieles alcanzan el éxtasis por medio de la exteriorización histérica de sus sentimientos, la proclamación altisonante de su fe, el desgañite puro y simple. Barras, gritos, canciones. 

Un discurso elemental y maniqueo en el que Sebastián Piñera es presentado como la reencarnación de Pinochet. “Dictador”, le dicen. “Tirano”. “Piñeeera -cantan-, concha e’tu maaadre, asesiiino, igual que Pinocheeet”. Y trazan planes para la nueva Constitución que se redactará (así pretenden) bajo su dirección y tutela: una Constitución abiertamente chavista (o correísta, por qué no), profusamente regulatoria, con controles estrictos a los medios de comunicación; una Constitución que proclame el Estado pluricultural; una Constitución que “estatice los medios de producción para que el desarrollo sea posible”, como propone el senador del Partido Comunista Eduardo Contreras. Una Constitución, en fin, a años luz de Chile. Serían cómicos si no fueran tan violentos.

Doris soliz, tras la franquicia

“La asambleísta ecuatoriana Doris Soliz ha pedido encarecidamente que el próximo encuentro pueda ser en Ecuador”, cuenta el senador chileno Alejandro Navarro, organizador del primer Foro Latinoamericano de Derechos Humanos, en la jornada de clausura. “Hay que ver”, concluye. Todo parece indicar que la correísta concurrió a Santiago de Chile como quien va a comprar una franquicia. Le vendría muy bien para enero de 2021, en víspera de las elecciones presidenciales. 

Ella y la socióloga Adoración Guamán fueron las únicas que hablaron a nombre de Ecuador. “Paola Pabón está presa por un tuit -mintió Guamán-, ¿os imagináis?, por un tuit”. Y Soliz acarició los oídos de las izquierdas radicales con su teoría del ‘lawfare’ y de la alta traición.