Trámite relámpago: el proyecto de reformas a la Ley de Contratación Pública, que la Asamblea Nacional trató ayer en primer debate, podría convertirse en una de las herramientas claves de la lucha contra la corrupción. Sin embargo, al Pleno le bastaron 65 minutos para despacharlo.

El asambleísta ponente, Daniel Mendoza, presentó el proyecto y desplegó un abanico de temas gruesos aún sin resolver. A las once y cuarto de la mañana arrancó el debate. Hubo ocho intervenciones, cinco de ellas muy encendidas, y un punto de información de lo más polémico. Todo giraba en torno a las llagas supurantes del sistema: la vigencia de un Régimen Especial que permitió la multiplicación de contrataciones a dedo durante el correísmo; un concepto de “giro específico del negocio” bajo cuyo amparo proliferaron los contratos dentro de contratos; el papel de la Contraloría en el proceso de contratación... Las posturas se expresaban con firmeza. El desacuerdo campeaba. De pronto, cuando el debate parecía tomar vuelo, nadie tuvo más nada que decir. El presidente encargado, César Solórzano, dio por cerrado el punto y a otra cosa mariposa.

Al oficialista Daniel Mendoza, presidente de la Comisión de Régimen Económico, le tocó la incómoda tarea de presentar un paquete de reformas que no es el suyo. En efecto, el proyecto lleva la firma del correísta Pabel Muñoz, presidente anterior de esa comisión, que lo dejó listo en mayo, al término de la legislatura pasada. Mendoza actuó con cautela. Introdujo fríamente el contenido de las reformas y luego expresó su desacuerdo con algunas de ellas, especialmente las relacionadas con el Régimen Especial de contratación pública. Le parece que aún es necesario ajustarlo para evitar abusos. Y ofreció introducir esas reformas para el segundo debate.

El proyecto de Pabel Muñoz, que él defendió con el argumento de “no caer en el error de que el país se resetee cada diez años”, plantea reformas superficiales al Régimen Especial: lo prohíbe en los contratos de consultorías, comunicación y ciertos servicios de asistencia jurídica, pero deja intacto lo demás. Y lo demás incluye, entre otras cosas: adquisición de fármacos y dispositivos médicos; contratos relacionados con la seguridad y la defensa; contratos que celebren entre sí distintas entidades del sector público o entidades públicas con empresas de economía mixta; contratos que celebren empresas públicas o mixtas “exclusivamente para su giro específico del negocio”... En fin, lo más grueso.

Contra este Régimen Especial se levantaron las voces de Fernando Callejas, Mercedes Cuesta y Mae Montaño, que lo llamó “la arteria abierta por la que los recursos públicos fluyeron”. Patricia Henríquez lo atacó específicamente en lo relacionado con la compra de medicinas y equipos sanitarios, y propuso la creación de un organismo autónomo para manejar ese rubro. Henry Llanes lanzó la más radical de las demandas: “Si algo hay que hacer en esta república -dijo- es echar abajo el Sercop”. Y arriesgó una cifra que fue respondida a gritos por los correístas: “El 20 por ciento de la obra pública se fue en la corrupción”.

Otra cifra no menos escandalosa lanzó Fernando Callejas. Y esa no la desmintió nadie, a pesar de que el mismo Callejas dijo que no la podía creer y pidió que le corrigieran si estaba equivocado: 18 mil millones de dólares contrató el gobierno anterior por Régimen Especial. En total, más de 400 mil contratos. Sin embargo, el correísta Juan Cárdenas pidió un punto de información para decir que aquí no ha pasado nada: “Se ataca al Régimen Especial como si se hubiera abusado de esa herramienta”. Y para que se entienda, dibujó: “Cuando se contrata una obra de especialización de la más alta tecnología, no pueden ser cotizantes los dueños de ferreterías”.

Todo terminó con el pedido de Pabel Muñoz a Daniel Mendoza de que “no desperdicie el debate” de la comisión anterior. Ahora la pelotita vuelve a la cancha de Régimen Económico, donde la nueva ley adquirirá su forma definitiva.

Informe previo

El papel de la Contraloría

¿Debe la Contraloría emitir un informe previo para los contratos públicos? Pabel Muñoz piensa que sí, excluyendo los contratos de ínfima cuantía. Daniel Mendoza discrepa. Piensa que eso demora los procesos. Solo el correísta Juan Cárdenas estuvo de acuerdo con él. Este requisito fue eliminado en la Ley de Contratación del correísmo.