Tres momentos de las últimas 48 horas que bien podrían resumir doce meses. La Asamblea Nacional cumple mañana su primer año de gestión envuelta en pugnas, acusaciones internas y externas de bloqueo, denuncias administrativas y legales entre sus miembros, mientras enfrenta un gradual desgaste de imagen ante los ciudadanos.

La escena más reciente enfrenta a la presidenta del organismo, Guadalupe Llori, y su excoideario Bruno Segovia, quien ayer la denunció por presunto tráfico de influencias que involucraría a 23 personas cercanas a la funcionaria desde su época de prefecta de Orellana. “Ella me dijo, en su despacho, yo puse hasta el último teniente político”, aseguró Segovia.

No es la primera. El Consejo de Administración Legislativa (CAL) y el Comité de Ética han tramitado cinco quejas en contra de asambleístas. Una, la de Bella Jiménez, terminó en destitución por gestión de cargos públicos, en tanto que a Rosa Cerda, quien dijo “si roben, roben bien” y al actual asesor presidencial Diego Ordóñez, acusado de agredir a otra asambleísta, se los sancionó con una suspensión temporal.

En el plano legal la cosa es aún más complicada, porque 93 legisladores son investigados por la Fiscalía por el posible delito de incumplimiento de decisión emitida por autoridad competente. La denunciante es la propia Guadalupe Llori, quien alega que la comisión pluripartidista que investiga su gestión se conformó mientras estaban vigentes medidas cautelares que le favorecían.

Esto llevó a otro momento cada vez más recurrente en la Función Legislativa: el de la confrontación. La fiscal general Diana Salazar fue llamada a la Comisión de Participación y Transparencia para que explique el inicio de esta investigación, luego de casi dos horas de exposición y preguntas repetidas, y otras fuera del tema, empezó un cruce verbal entre los asambleístas oficialistas que acusaban a los correístas de querer propiciar un juicio político en contra de la funcionaria.

Salazar tuvo que abandonar la sala escoltada “por falta de garantías”, sin responder la última tanda de preguntas que, en su mayoría, versaban sobre lo mismo que ya había explicado en repetidas ocasiones. Nadie quería perder el protagonismo “fiscalizador”.

Para cerrar el ciclo, el miércoles en la tarde, Llori denunciaba que aquellos integrantes del CAL que van por los medios de comunicación “llorando” porque en la Asamblea no se trabaja no acudieron a la sesión convocada por el organismo y, como no era la primera vez, lanzó una pregunta que, de no haber sido transmitida en vivo, habría sonado inverosímil.

¿Cuántas ausencias debe tener un miembro del CAL para ser reemplazado por su suplente? Consultó al coordinador jurídico de la Asamblea, Santiago Salazar, que atinó a responder: “en este caso no existe suplentes o alternos para los miembros del CAL”, pero ofreció revisar otras normativas y reglamentos que permitan aplicar sanciones que podrían llegar hasta la destitución. Esto, inevitablemente, abrirá un nuevo frente de tensión en la Asamblea Nacional.

Percepción

Según la última encuesta de finales de abril de Perfiles de Opinión, el 82,5% de consultados calificó como mala o muy mala la gestión de la Asamblea Nacional. En marzo, Cedatos reveló que el apenas el 6% de ecuatorianos cree en la palabra de los legisladores y la aprobación de la Asamblea llegaba al 11,5%.

Evaluación

A inicios de esta semana, Llori informó que en estos doce meses se han aprobado 28 leyes, aunque la mayoría son herencia del anterior período Legislativo. Se han presentado 219 proyectos de ley. El 94 % es de asambleístas, seis por iniciativa del Ejecutivo y seis de otras funciones.