La mayor parte de los damnificados optó por no ir a los albergues y refugios oficiales. Ellos, en Manabí y Esmeraldas, perdieron sus viviendas en el terremoto del 16 de abril.

Según los primeros cálculos oficiales, en ese grupo estarían unos 40.000 hogares. EXPRESO, en su edición del 18 de mayo, contó cómo en Pedernales los pobladores preferían los asentamientos irregulares para permanecer con sus vecinos, o quedarse entre los escombros de sus casas para cuidar sus pocas pertenencias.

Esa cifra aún tiene que ser validada, hasta mañana, por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC).

Pero, además, hay un segundo grupo. En los albergues y refugios, hasta el 30 de mayo, había 5.824 familias alojadas. Es decir, unas 23.155 personas (ver infografía).

Esa entidad fue la encargada por el Ejecutivo de la elaboración del Registro Único de Damnificados (RUD).

Por eso, ahora se inicia la última fase del proceso: los damnificados deben acudir a los puntos de registro –las carpas de atención ciudadana instaladas en las zonas más afectadas– para inscribir sus datos. También podrán hacerlo a través de la página web de Ministerio de Desarrollo Social.

Hasta ahora, hay 20.000 registros. Los datos que entreguen los ciudadanos serán validados para evitar que existan duplicaciones y anomalías. El documento que los acreditará como damnificados, les permitirá acceder a los programas estatales de ayuda.

“El 30 de junio tendremos la base de datos consolidada, depurada y sin duplicados. Se tendrá una cifra cerrada”, ofreció el director del INEC, José Rosero.

¿A quién se considera damnificado? Deben cumplir algunas condiciones: haber sufrido la pérdida de uno o varios familiares que eran el sostén económico del hogar; haber perdido su vivienda o el lugar donde vivían, independientemente de si eran dueños o no de ese inmueble; y perder su medio de subsistencia o de vida.

Por eso, al final del proceso el Gobierno espera tener información exacta sobre la magnitud de las afectaciones, las principales necesidades de los damnificados y el universo de posibles beneficiarios a programas sociales. Esas ayudas serán focalizadas, dijeron.

Gabriela Rosero, ministra de Desarrollo Social, descartó que alguien pudiera quedar fuera del Registro. Ofreció que se cubrirá al 100 % de afectados por el terremoto.

Según los datos oficiales, la reconstrucción costará 3.344 millones de dólares. Al área social se destinarán 1.369 millones.