Las obras incompletas o con fallas se acumulan. El Estado, desde 2010, ha construido más de 992 edificaciones pero no todas son propiedad absoluta de los ecuatorianos. Algunas tienen problemas e inconsistencias que impiden que se reciban definitivamente. EXPRESO accedió a la lista completa de obras y constató que 254 aún no cuentan con un acta de recepción final.

Según el Servicio de Contratación de Obras (Secob), el Gobierno trabaja con las empresas constructoras para subsanar todas las irregularidades y firmar las actas definitivas de entrega. Hasta ahora, las construcciones cuentan con documentos provisionales.

Uno de los objetivos de un acta provisional es mantener la responsabilidad de la contratista por cualquier desperfecto encontrado. El mes pasado, por ejemplo, este Diario publicó la serie de anomalías que aún persisten en la Plataforma Gubernamental Financiera del norte de Quito. La obra solo cuenta con una acta de entrega provisional de la empresa constructora china, CAMCE.

Según Johe Jaramillo, director general del Secob, actualmente continúan los trabajos de reparación de la megaobra inaugurada por el expresidente Rafael Correa, en 2017, y se espera firmar el acta final con la empresa china en este año.

Lo mismo no se puede decir de otros proyectos iniciados durante el Gobierno anterior. En Guayas, como caso estrella, hay más de 87 Unidades de Policía Comunitaria (UPC) que se entregaron provisionalmente durante el correísmo, pero todavía no existe un acta final firmada.

Son puestos de seguridad en Guayaquil, Durán, Playas y otros cantones, que se terminaron de construir en 2015 o antes. Las constructoras y el Gobierno, sin embargo, no llegan a un entendimiento para la suscripción de la última documentación.

La tarea inconclusa en centros de policía también se replica en provincias como Manabí, Azuay, Orellana y Pichincha.

El informe de pendientes evidencia, además, una importante cantidad de Escuelas del Milenio que no están en manos del Estado en un 100 %. Manabí, Esmeraldas, Azuay, Pichincha y Orellana tienen instituciones educativas, en algunos casos subutilizadas, que todavía presentan inconsistencias por las que las empresas constructoras deben responder.

El listado se completa con obras que quedaron a medio terminar por falta de asignación de recursos, por diferencias contractuales, por denuncias de corrupción o por problemas con la obtención de terrenos. En esos casos, el Gobierno y las empresas a cargo de la obra deben acudir a una mediación. En el peor de los escenarios, se puede acceder a la terminación unilateral del contrato. La empresa pública petrolera, Petroecuador, y el Ministerio de Educación, son algunas de las entidades que recurrieron a esa figura para liquidar una relación con contratistas presuntamente incumplidos.

Ejemplos similares son las Unidades de Asistencia Técnica (UAT) que se construyeron para apoyar a agricultores y campesinos. Varias tienen ese tipo de complicaciones.

En Cotopaxi hay más de doce unidades de asistencia que todavía están en el limbo que representa un acta de entrega provisional.

La Sierra centro enfrenta otros pendientes que no tienen solución a la vista. El 16 de agosto de 2017 se firmó la entrega provisional del hospital Los Sigchos, en Cotopaxi. A la fecha, aún no existe una firma definitiva.

Lo mismo sucede con el Hospital de Baños, en Tungurahua. El 16 de mayo de 2017 se entregó provisionalmente la obra pero, tras casi dos años de esa suscripción, no hay una respuesta positiva para la liquidación total de la construcción.

Las obras de seguridad, educación y administración del Estado no son las únicas que cuentan con problemas de entrega final. Hay casas de salud en Tungurahua, El Oro, Cotopaxi y Zamora Chinchipe que tienen puntos faltantes.

Para saber

Viviendas

En Guayas aún existen 344 viviendas que no cuentan con acta de entrega definitiva, pese a que se firmó el acta provisional en abril de 2015. Hay proyectos con puntos pendientes. (ver cuadro)

Irregularidades

El Secob anunció que envió varios contratos firmados por el Gobierno anterior para que la Contraloría revise incumplimientos legales. Los informes del ente de control están en elaboración.