Policías y militares incrementarán 16 millones de dólares más a los presupuestos asignados en la proforma de 2018. El dinero permitirá atender las necesidades motivadas en la violencia registrada en la frontera de la provincia de Esmeraldas.

La actuación de los grupos delincuenciales provocó al menos nueve atentados terroristas desde el 27 de enero, que han provocado la destrucción del destacamento policial de San Lorenzo, el asesinato de cuatro infantes de Marina en Mataje y el secuestro y posterior asesinato del equipo periodístico de diario El Comercio.

El comandante de Policía, Ramiro Mantilla, confirmó a EXPRESO que el Gobierno asignó ocho millones a la Policía que servirá para construir unidades policiales como el cuartel del Gema y fortalecer el modelo de gestión de los grupos tácticos.

Se firmaron contratos para adquirir 200 fusiles, 400 subfusiles, cascos y chalecos antibalísticos. También han propuesto la activación de cuatro controles integrados: en Ibarra, San Lorenzo, San Jerónimo, en Borbón y Mascarilla.

Por el estado de emergencia en San Lorenzo y Eloy Alfaro se entregaron 20 camionetas 4X4 para el GIR, GOE, Gema. También se distribuyeron 1.971 pares de botas en Esmeraldas. Se adquirieron 5.000 colchones y 100 vallas de seguridad.

Esas entregas no forman parte de 1.289’513.468 dólares de presupuesto asignado para la institución. De esos recursos en pago de los 48.000 elementos se va 1.205’584.506.

A bienes y servicios de consumo se destinará 81’649.357 dólares. La Policía Judicial recibe un presupuesto de 10’182.845 dólares.

El exjefe de Operaciones de la Policía, Jaime Vaca, cree que los ocho millones son insuficientes para todo lo que se necesitará en la zona de frontera. Opina que antes de que los policías sean asignados deben ser capacitados en Inteligencia Estratégica para cumplir la misión de buscar a alias Guacho.

Menciona que los recursos para iniciar estarían bien. Pero destaca que se necesitan vituallas, lanchas, helicópteros, vehículos tácticos (cada uno cuesta entre 500.000 y 700.000 dólares), vehículos acondicionados para la selva, destacamentos satelitales, detectores de metales, entre otras cosas.

La emergencia en la frontera le significó también una asignación de ocho millones de dólares a los militares.

El ministro de Defensa, Patricio Zambrano, señaló a este Diario que se asignaron cinco millones al Comando Conjunto y tres millones que se destinarán a comunicaciones, a cargo del Ejército. Los recursos se destinarán desde equipamiento hasta raciones militares.

Los recursos son adicionales a los 1,495,336,476.53 asignados en el presupuesto de este año. De ellos 1.204’238,226 son para gastos de personal.

A raíz de los atentados se han movido a San Lorenzo equipos procedentes de las Brigadas Patria de Latacunga y Pichincha de Machachi. Los uniformados han hecho patrullajes en Mataje, El Pan, Guadalito, La Cadena y otras parroquias de San Lorenzo.

Las autoridades están en silencio

El canal de diálogo se perdió. Los familiares de los tres integrantes del equipo periodístico del diario El Comercio, secuestrados y asesinados en la frontera norte, tienen más dudas que respuestas de las autoridades.

Ayer, informaron que desde hace nueve días, no tienen contacto con el ministro del Interior, César Navas, ni con ningún otro funcionario, pese a que los cuerpos de Paúl Rivas, Javier Ortega y Efraín Segarra todavía no han sido recuperados.

Los allegados se reunieron nuevamente en la Plaza Grande, frente al palacio de Carondelet para plantear algunas preguntas al Gobierno del presidente Lenín Moreno, justamente al mes de que se conoció del secuestro de los comunicadores, presumiblemente a manos de un grupo narcoterrorista.

“¿Quién fue el negociador?”, “¿Cuáles son los errores de buena fe que se cometieron mientras duró el cautiverio?”, ¿Qué papel cumplieron los ministros de Defensa, Interior y la Cancillería?

Estas son apenas unas cuantas preguntas de más de una decena de interrogantes que tienen los familiares y no han sido absueltas.

Uno de los puntos más importantes para los allegados es conocer por qué el ministro del Interior, César Navas, cambió su discurso y dijo en un momento determinado que no se negociaba con los captores.

Ricardo Rivas, hermano de Paúl, señaló ayer que hay la incertidumbre por determinar si esta declaración pudo incidir en el fatal destino de los comunicadores.

El presidente Moreno dijo hace más de una semana que se desclasificará toda la información relativa a este caso. Pero hasta ayer los familiares no habían recibido ningún documento.

Anunciaron que, de producirse esta desclasificación, pedirán que sea la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la que reciba y haga el análisis del contenido, porque en las instancias oficiales del país han perdido toda confianza.