
Al menos 10 irregularidades en obras de la Funcion Judicial
En 2011 se declaró la emergencia en la entidad. La Contraloría General y la Fiscalía ya conocen del tema.
La construcción y remodelación en los complejos de la Función Judicial fueron examinados por el Consejo de la Judicatura Transitorio. Luego de la lectura del informe, Marcelo Merlo Jaramillo, presidente del consejo concluyó que “ni si quiera se dieron el trabajo de pensar para robar”, en referencia a la magnitud de las obras en relación con los lugares en donde fueron levantadas. La lista de irregularidades es larga.
Este informe, según Merlo, es algo en lo que vienen trabajando desde la posesión del consejo el 19 de junio pasado. De lo que han hallado resaltó dos hechos: un sobreprecio promedio que alcanza el 60% y el plazo de 15 días que tenían los consultores para entregar permisos de construcción y planos.
La lectura del documento la hizo José Cisneros, coordinador estratégico del consejo, dando a conocer estos detalles:
- Se ordenaron 56 contratos para diseños de obras para el Consejo de la Judicatura. En 2011 se firmaron 42 y en 2012, 14.
- Hubo 11 proyectos en total, aunque algunos contratos eran para más de una obra. A uno por ejemplo, se le concedieron 20.
- 15 días era el plazo que tenían los consultores para entregar desde el permiso de construcción hasta los planos aprobados en cada Municipio.
- Podía darse el plazo a 60 días, pero solo en el caso de tener más de una obra.
- Las construcciones se hicieron en terrenos sin tener títulos de propiedad.
- Las obras se efectuaron entre 2011-2013 y debido a la declaratoria de emergencia ninguno de los contratistas tuvo que pasar por un concurso.
Una muestra de sobreprecios
Complejo Judicial Quito norte: 28 % de excedente en el costo.
Complejo Judicial Guayaquil Norte: tiene un 51 % de sobreprecio.
17 millones de excedente.
Complejo Judicial de Latacunga: 72 % de excedente.
Según Cisneros, con ese dinero se hubiese hecho tres veces la obra allá.
Complejo Judicial de Otavalo: sobreprecio de 58 %
Costó 7’736,570.50
Adicionalmente también fue expuesto, en presencia de Paúl Pérez como fiscal general, los nexos familiares que hubo en estas adjudicaciones. Cisneros nombró cinco obras donde los superindententes y personal técnico fueron primos de Paulo Rodríguez Molina, presidente de Consejo de la Judicatura de Transición (2011-2013).
Sin embargo, los excesos no solo se cometieron con el valor de los bienes, sino también con el área que se destinó para su construcción. Cisneros aseguró que se analizaron 66 unidades judiciales, de las que 43 estarían sobredimensionadas en espacio.
Complejo de Balsas
Ocupa 2.834,66 metros cuadrados, donde trabajan 6 funcionarios.
Complejo de Echeandia
Ocupa 3.000 metros cuadrados, donde trabajan 8 funcionarios.
Quero:
Ocupa 2.702,44 metros cuadrados, donde trabajan 8 funcionarios
El resultado según lo denunciado por el Consejo de la Judicatura Transitorio es que no han podido liquidar esos contratos porque con algunos han quedado en litigio. Hubo entrega de productos deficientes o que se hicieron fuera del plazo.
La Fiscalía aseguró que con un nuevo convenio interinstitucional —firmado recientemente— será más fácil investigar estos hechos. Para Cisneros lo que resta aquí es revisar si caben “indicios de responsabilidad civil para quienes ordenaron la ejecución de las obras”.
"La mayoría de problemas detectados en la ejecución de obras surgieron a partir de la declaratoria de emergencia de la #FunciónJudicial (mayo 2011). Entre 2011 y 2013, se gastaron aproximadamente USD. 304 millones", señala #JoséCisneros pic.twitter.com/XM44L3QiuO
— Consejo Judicatura (@CJudicaturaEc) 26 de septiembre de 2018
#MarceloMerlo: estamos solicitando al señor Fiscal que inicien las indagaciones de forma inmediata para conocer hacia dónde fue esa plata. Ya tenemos una idea por los nexos antes presentados, pero queremos saber la verdad. Seguiremos investigando presuntas irregularidades. pic.twitter.com/FVmRZ3eRI5
— Consejo Judicatura (@CJudicaturaEc) 26 de septiembre de 2018