En 10 días se conocerá el futuro legal del asambleísta de la Revolución Ciudadana Yoffre Poma y de otras ocho personas involucradas en el presunto delito de paralización de servicios estratégicos.

El 8 de octubre, pasada la medianoche el conjuez David Jacho dictó la prisión preventiva en contra del legislador correísta, del prefecto de Sucumbíos Amado Chávez, de un concejal y de otros seis ciudadanos que los acompañaron durante la toma y paralización de un campamento del Sistema del Oleoducto Trans Ecuatoriano (Sote), ubicados en el kilómetro uno y medio de la vía a Lago Agrio.

En su caso se hará un juicio directo. La formulación de cargos para los sospechosos se hizo en reserva por tratarse de un delito contra la estructura del Estado. El conjuez Jacho, al término de la audiencia que se instaló a las 17:00 del martes 8 de octubre dispuso además la retención de cuentas bancarias y prohibición de enajenar bienes.

En la diligencia, que duró casi siete horas y se desarrolló en el mezanine de la Corte Nacional de Justicia, la Fiscalía presentó los elementos de convicción que hacen presumir la participación de los procesados en el delito. A los sospechosos se atribuye el ingreso violento –con palos y fierros– a las instalaciones de Petroecuador. Ellos fueron detenidos luego de ingresar a la sala de control de operaciones tras destruir las puertas del edificio y con la amenaza de atentar en contra de la integridad de los equipos de bombeo del Sote y de los operadores de Petroecuador.

Hubo, según explicó la fiscal, la paralización de actividades durante dos horas y diecinueve minutos. Por esa situación se habría generado un perjuicio económico al Estado de 1’723.918,72 dólares. Entre los elementos de convicción presentados está un informe que reportó que durante la paralización no se bombearon 31.286 barriles de crudo, la inspección ocular técnica de reconocimiento del lugar de los hechos y versiones de testigos y agentes policiales.

Además del asambleísta y del prefecto están procesados el director de Comunicación del Gobierno Provincial de Sucumbíos, la presidenta de la Asociación de Empleados Públicos de Sucumbíos, un concejal, un dirigente y tres ciudadanos que se identificaron como acompañantes del prefecto. Poma se defendió diciendo que “acudimos como autoridades, como pueblo a apaciguar, a mediar a que las cosas no se salgan de control”. Su abogado Gustavo García dijo que su cliente ejercía la representación popular y el derecho a la resistencia.

Carlos Chacha, otro de los procesados dijo que acompañó a sus amigos, que la puerta de las instalaciones estaban abiertas y por eso ingresó al Sote. Aseguró que llegó la Policía y les lanzaron gas y que fueron los mismos operadores los que apagaron las máquinas. Víctor Burbano explicó que acompañó al prefecto para cortar los desmanes que se registraban. El prefecto Chávez manifestó que les obligaron a la fuerza los manifestantes para que ingresen al lugar y que su tarea fue pedir que no ocasionen daños. Tres procesados se acogieron al derecho al silencio. Ocho de nueve procesados tuvieron un solo defensor que aseguró que la Fiscalía no ha individualizado responsabilidades y lo que se ha hecho es criminalizar la protesta.

La audiencia de juzgamiento se llevará a cabo el 18 de octubre a las 09:00. El artículo 346 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) sanciona a la paralización de servicios con pena privativa de libertad de uno a tres años.