El dilema de las vallas: entre la legalidad y deudas millonarias
Se intentaría legalizar a los infractores que no pagan. La reforma pone a prueba políticas y el futuro del espacio público
Un embrollo normativo, técnico y legal ha mantenido en ascuas a todos los actores involucrados en el tema de la publicidad externa en el Distrito Metropolitano de Quito (DMQ), incluyendo al propio Municipio. La morosidad en los pagos de las tasas, la falta de rigurosidad en el control y los requisitos técnicos ambiguos han llevado a que, de las 1.040 vallas expuestas en la ciudad, 899 no cuenten con autorización.
Este problema no solo supone un perjuicio económico millonario para la capital, sino que también constituye un elemento de toxicidad visual y de peligro vial si se colocan sin cumplir la normativa del caso.
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El dilema de las vallas llegaron al Concejo
El Concejo Metropolitano de Quito debatió antes del feriado el proyecto de ordenanza sobre el régimen administrativo de la Licencia Metropolitana Urbanística de Publicidad Exterior LMU-41. El objetivo es fortalecer el control y sanción, actualizar las reglas técnicas para la instalación de soportes publicitarios exteriores y reducir la alta informalidad existente.
El concejal Adrián Ibarra, presidente de la Comisión de Uso de Suelo, dijo que la reforma busca regular la colocación armonizando el desarrollo urbano con las necesidades comerciales, por lo que limitará el número de vallas en la urbe a 1.430. Además, pretendería garantizar la conservación del patrimonio histórico y cultural, respetando la identidad visual de las áreas históricas, para prevenir así la siniestralidad vehicular.
El alcalde Pabel Muñoz cuestionó, durante la sesión del Concejo de la semana pasada, la actitud laxa de administraciones anteriores: “Hasta ahora, en Quito cada quien ha hecho lo que le ha dado la gana en términos de vallas”. Por ello instó a los ediles a aprobar una normativa, “cualquiera que esta sea”, que brinde reglas claras y mecanismos para hacerlas cumplir.
La normativa actual adolece de precisión y contiene reglas que no corresponden a los nuevos métodos y tendencias del sector, lo que condujo a la suspensión de las actividades de control y al procedimiento habitual para la obtención de licencias. Sin embargo, un aspecto que generó polémica fue que en el texto de la reforma se plantea que los morosos no paguen los rubros generados por el incumplimiento de la ordenanza actual.
El edil Bernardo Abad cuestionó y reafirmó su posición dentro del Cabildo: las tasas deben ser cobradas en su totalidad a los deudores. Las vallas deben regularizarse, pero los responsables de los elementos irregulares deberían saldar completamente sus deudas. Mencionó que ese punto no estaba en el proyecto inicial impulsado por Muñoz y expresó su preocupación por los cambios recientes en el texto, los cuales describió como una “sutil y muy elaborada redacción jurídica”. El concejal consideró que esos cambios apuntarían a que las vallas irregulares sean legalizadas sin que se cubran las deudas previas, que se estima son de casi 20 millones de dólares. El edil anticipó que enviará información adicional para identificar a las entidades que más deben y que se resisten a pagar a la ciudad.
Libertad empresarial
Bernardo Abad
Por otro lado, los defensores de la libertad empresarial sostienen que el proyecto podría perjudicar los derechos gremiales. Jorge Córdova, quien representa a la empresa privada desde la posición de ‘ciudadano en la silla vacía’ del Concejo, manifestó que la propuesta complicaría aún más la situación de la publicidad en la urbe.
Sostuvo que establecer cupos, suspender las distancias entre vallas e intentar regularizar a las empresas infractoras sin exigir el pago de tasas atrasadas al Municipio no son soluciones adecuadas. Señaló que así se podría beneficiar más a aquellos que han incumplido las normas o han operado de manera informal, en contraste con quienes desean adherirse a los procesos legales.
David Moreano, experto en derecho administrativo municipal y publicidad exterior, explicó que el Municipio impone multas desproporcionadas, como cobrar 17.800 dólares por una valla que vale 5.000 dólares. Y habló de la “ineficacia municipal para permitir la regularización adecuada”. El experto recordó que una ordenanza anterior fue declarada inconstitucional y se creó un limbo legal que permitió la proliferación descontrolada de vallas publicitarias.
David Moreano
En la Alcaldía de Augusto Barrera se intentó una regularización que impuso recargos del 150 % para las licencias de vallas, pero cambios administrativos y la falta de aplicación de las normas complicaron la situación. Moreano enfatizó en la necesidad de una normativa aplicable para evitar más complicaciones legales y administrativas.
Muñoz ha admitido los desafíos del Cabildo respecto a los cobros por incumplimientos en la regulación de la publicidad exterior. Sin embargo, habló de la existencia de una oportunidad real para que las empresas inicien el proceso de regularización, tras saldar sus deudas.
La medida permitiría la adquisición de nuevos permisos, apuntando a una gestión más efectiva de las normativas urbanas.
