Como una bomba de tiempo a punto de estallar define la situación que enfrenta el barrio San Isidro de El Inca, norte de Quito, producto de los amotinamientos que se dan en la cárcel que está ubicada en ese sector.

Aunque es un barrio residencial, los vecinos duermen con sobresaltos. A tal punto que se ven letreros de ‘Se arrienda’ o ‘Se vende’ en las viviendas y locales comerciales. Sus propietarios ya no aguantan la situación.

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La cárcel está ubicada sobre la calle Las Toronjas, donde hay decenas de tiendas de abarrotes, fruterías, bazares, mecánicas y restaurantes.

Los gritos y lamentos de los reos, los enfrentamientos entre los presos, así como los constantes operativos policiales, interrumpen la vida cotidiana de los habitantes de la zona.

Aunque no todos quieren hablar, por temor a represalias hay otras personas como Armando Romero que claman a las autoridades que la cárcel sea reubicada. Este pedido se retomó a raíz de un amotinamiento que se registró la mañana del lunes 8 de enero.

Una columna de humo cubrió el sector producto de un incendio estructural provocado por los reos. Aunque la emergencia fue controlada por el personal del Cuerpo de Bomberos. Para los residentes de la zona esta situación en algún momento va a empeorar y va a poner en riesgo a los moradores.

Aunque después del incidente, la mañana del nueve de enero el sector amaneció en una relativa calma y con un fuerte contingente policial y militar.

Armando tiene su restaurante cerca de la prisión, cuenta que ante la emergencia “empezó a llegar la Policía y ya nos hicieron cerrar, tenía todos los productos listos para empezar a preparar los almuerzos y nos hicieron cerrar los locales”, detalla. “Siempre es incómodo que las calles se cierren y los negocios dejen de atender”.

Armando lleva casi una década con su negocio en el sector y 30 años de vivir allí. Dice que ya no tiene miedo, pero que la situación le molesta. “No hay nada que hacer”, lamenta. “Ya hemos marchado junto a los vecinos para pedir que la cárcel salga del sector, pero no hay respuesta”.

El Inca es una de las 32 parroquias urbanas que conforman Quito. Lo que era un lugar con poca concentración urbana, ahora está lleno de construcciones y locales comerciales en las calles cercanas a la prisión.

Los vecinos de la zona exigen que la cárcel sea reubicada. Argumentan que la presencia de la prisión genera inseguridad, contaminación y ruido. Hay casos que los reos se han fugado y sienten temor de que ingresen a las viviendas o les amenacen para esconderse.

Otro factor es que por los controles y amotinamientos que se dan las calles se cierran. Por lo que les perjudica en las ventas.

Y es que el descontento por el traslado del CDP no es de ahora. En 2014, cuando las autoridades del Ministerio de Justicia lo anunciaron, los vecinos hicieron plantones, marchas y protestaron. No tuvieron éxito. Así lo explica otra moradora del sector.

No todo es malo en el barrio, dicen algunos vecinos. Sus vidas se sustentan con la venta de artículos de aseo o algún servicio de Internet que hacen uso los familiares de los reos que van de visita.

También hay estudios jurídicos que brindan asistencia legal a los familiares. También es una forma de activar el comercio, dicen los propietarios que se oponen a la medida de que la cárcel sea reubicada.

Además de la intranquilidad que siente a diario (a la que lamenta estar acostumbrado), Carlos tiene problemas de conectividad.

No solo se trata de la intermitencia de Internet. “Hay que buscar los puntos donde exista señal”, reclama.

Los moradores dicen que en la zona viven alrededor de 5.000 familias que son afectadas directamente por este ‘vecino incómodo’ que genera angustia cuando ya suenan las sirenas.

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