Karla Andrade Delgado es la jueza ponente que deberá conocer la acción extraordinaria de protección presentada por Santiago Guarderas en la Corte Constitucional. Andrade dio cinco días de plazo para que se remitan los documentos correspondientes.

La obligación de enviarlos es para las secretarías de la Unidad Judicial de Violencia Contra la Mujer y Familia 6 y la de la Sala Especializada de lo Civil y Mercantil de la Corte Provincial de Pichincha.

La ponente pertenece al tercer tribunal de la Sala de Admisión junto con Ramiro Dávila y Agustín Grijalva. Ellos serán los encargados de revisar que la causa cumpla con todos los requisitos legales, antes de iniciar la etapa de sustanciación o análisis.

La acción extraordinaria de protección fue interpuesta por Guarderas, en calidad de concejal y presidente subrogante de la Comisión de Mesa del Concejo Metropolitano, y por la concejala Mónica Sandoval, integrante de la misma Comisión de Mesa.

Esa instancia elaboró el informe que sirvió de base para la remoción de Jorge Yunda el pasado 3 de junio.

Casi dos meses después, el 30 de julio, dos jueces de la Corte de Pichincha dejaron sin efecto la remoción al resolver la apelación presentada a la concesión parcial de una acción de protección, a cargo de la jueza María Belén Domínguez, de la Unidad de Violencia.

La Corte Constitucional en un comunicado indicó las resoluciones de la jueza, que requirió varios documentos, entre ellos el expediente original y completo de la acción de protección que recibió Yunda.

Después de que el tercer tribunal emita su pronunciamiento sobre la admisibilidad de la acción extraordinaria, la jueza Andrade podría solicitar que se altere el orden cronológico y se dé prioridad al tratamiento del pedido de Guarderas.

La solución al caso no será inmediata, pues una vez admitido habrá otro sorteo de juez para iniciar la sustanciación. El nuevo ponente elaborará un proyecto de sentencia que será conocido en el pleno.

Para el abogado constitucional Edison Carrillo, el pronunciamiento de la Corte es esencial para dar solución a la causa. “La única entidad que podría dilucidar una posible confusión (...) es la Corte Constitucional”, dice aunque considera que esta ‘confusión’ es innecesaria, pues la última instancia debe ser el Tribunal Contencioso Electoral (TCE).

“Para mí está claro que el TCE, de acuerdo con lo que dice la Constitución, es el que manda en esta materia”, señaló.

Si los judiciales no remiten la información en el tiempo señalado, la Corte notificará al Consejo de la Judicatura para que observe el accionar de los judiciales.

Posible infracción electoral

El próximo 27 de agosto, Jorge Yunda deberá comparecer en el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) por una denuncia por supuesta infracción electoral presentada por la abogada Jessica Jaramillo. El recurso tuvo pie cuando el TCE avaló el proceso de remoción de Yunda, efectuado por el Concejo. De no asistir, sin justificación, la diligencia se efectuará en rebeldía, es decir sin que se detenga por la inasistencia de alguna de las partes.

Comisiones

La agenda del Concejo Metropolitano se cumplió en los dos puntos citados: la mesa de trabajo de Participación Ciudadana y la subcomisión de áreas históricas, donde se trató el proyecto ampliatorio ‘Guápulo-Loma’, por el cambio en la funcionalidad de las viviendas y los predios de la zona.

Recorrido

El pasado miércoles, Jorge Yunda realizó un recorrido por el barrio Mirador del Noroccidente para supervisar las obras de agua potable y alcantarillado, que tienen actualmente un avance del 80 %. Según Yunda, este barrio había esperado 35 años para contar con el servicio de agua potable.