Obviar los fallos de la Corte Constitucional es una peligrosa costumbre en la justicia
Un fallo reabre el debate. Expertos cuestionan la actuación judicial. Exigen consecuencias. El caso pone a prueba el sistema. Proceso genera críticas
Juristas cuestionan los efectos de apartarse de criterios fijados por la Corte Constitucional y advierten riesgos para la seguridad jurídica.
Lo que debe saber
- El caso surge de una sentencia por presunta calumnia contra Eduardo Carmigniani.
- La controversia gira en torno a un criterio fijado por la Corte en diciembre de 2025.
- Los expertos plantean qué recursos y sanciones podrían aplicarse ante un eventual incumplimiento.
Que un juez se aparte de una regla fijada por la Corte Constitucional no es un detalle menor: para los juristas consultados por EXPRESO, eso compromete la seguridad jurídica. Un reciente caso pone el foco en los límites que tienen los jueces frente a los precedentes constitucionales.
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El caso que reabre el debate
El debate surge a partir de una sentencia por un presunto delito de calumnia contra el abogado Eduardo Carmigniani, en la que no se habría considerado una jurisprudencia constitucional. Se trata del párrafo 271 de la sentencia unánime 105-23-IN/25, dictada el 17 de diciembre de 2025, que establece parámetros para determinar cuándo una expresión puede configurar ese delito.
Para Antonio Gagliardo, exjuez de la Corte Constitucional, las sentencias del organismo son de obligatorio cumplimiento para todo el sistema jurídico. Por ello, sostiene que cuando existe una jurisprudencia que establece cómo interpretar una situación, el juez no puede decidir discrecionalmente si la aplica o no.
Gagliardo explica que los jueces tienen la obligación de conocer y seguir esos precedentes, especialmente cuando la Corte fija reglas sobre la interpretación de una situación jurídica. A su criterio, apartarse de esas decisiones puede dar lugar a recursos y a cuestionamientos por error inexcusable o manifiesta negligencia.
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Incumplir fallos puede traer sanciones
Sin embargo, el jurista Rafael Oyarte advierte que el incumplimiento de fallos de la Corte Constitucional es uno de los asuntos “más sensibles” y recurrentes del sistema judicial. Señala que la acción de incumplimiento figura entre las acciones constitucionales más utilizadas, lo que evidencia que lo que debería ser excepcional se ha vuelto frecuente.
Henry Cucalón, exministro de Gobierno, considera especialmente delicado que un juez se aparte de una sentencia constitucional cuando conoce su existencia. A su juicio, no se puede asumir que una eventual apelación subsanará el problema, porque el incumplimiento de una norma o precedente también puede generar responsabilidades administrativas e incluso, si existen indicios de dolo, derivaciones a la Fiscalía.
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Temor y política en las decisiones judiciales
Para Solanda Goyes, exvocal del Consejo de la Judicatura, el problema no se limita a una equivocación jurídica, pues observa “tintes políticos” en la actuación judicial. A su criterio, se ha instalado un estado de miedo entre los jueces, que en determinados casos terminan haciendo una lectura política de los procesos, en lugar de resolver con base en los hechos, las pruebas y el Derecho.
Goyes identifica una intención concreta: acallar las voces críticas mediante acciones judiciales. La exvocal sostiene que los jueces, por temor, terminan dando gusto al poder de turno, mientras la Corte Constitucional aparece como la instancia llamada a poner un límite a esas actuaciones.
Esta situación, además, tiene un efecto directo sobre la seguridad jurídica, advierte el abogado André Benavides. El académico explica que cuando existen decisiones contradictorias frente a hechos similares, incluso dentro de la propia Judicatura, se afecta la certeza de que la ley será aplicada de manera uniforme para todos.
A ello se suma otro problema: la desactualización de los jueces, según Benavides; pero considera que la ignorancia y la vagancia no justifican sus fallos. A juicio de Cucalón, existen jueces “kamikazes”, que “toman esas decisiones porque confían en que un tribunal superior las dejará sin efecto”.
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La respuesta que se espera de la Corte
Por eso, Oyarte también pone el foco en la respuesta que debería dar la propia Corte Constitucional frente a estos casos. Según explica, si detecta que una decisión judicial incumple un precedente constitucional, el organismo debería destituir al juez, ya que una sanción firme evitaría que otros se sientan habilitados a incumplir la normativa.
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Opiniones de constitucionalistas
- Rafael Oyarte, constitucionalista: La Corte Constitucional pareciese que promoviera el incumplimiento de sus propios fallos, debido a que es muy permisiva con los magistrados, con el incumplimiento de sus fallos. Muchas veces llama la atención al juez y en otras no hace nada.
- Antonio Gagliardo, exjuez de la CC: Hay jueces que sentencian al apuro, no escuchan bien las audiencias y emiten resoluciones totalmente alejadas del Derecho. Si por vagancia, mala fe o corrupción no quieren cumplir un fallo, tienen que pagar las consecuencias.
- Solanda Goyes, exvocal del CJ: Se ha sembrado un estado de miedo entre los jueces y por eso están haciendo una lectura política, en vez de una en Derecho. La Corte Constitucional también está debilitada y temerosa. Debe ser un contrapeso frente a los abusos.
- Henry Cucalón, exministro de Gobierno: No podemos quedarnos con los brazos cruzados sabiendo que hay jueces que incumplen las sentencias de la Corte. Que una sentencia sea revocada en apelación no significa que quienes incumplieron no deban ser sancionados.
- André Benavides, docente de la UIDE: Hay sentencias contradictorias emitidas por el propio juez: con los mismos hechos y situaciones, falla de una forma en un caso y de otra manera en otro. Claramente eso afecta la seguridad jurídica porque la ley no es respetada.
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