administración pública
Daniel Noboa: un año de gestión entre dudas y promesas pendientes
Analistas ven pocas acciones concretas del plan oficial. Cuestionan la improvisación estatal. Falta transparencia del régimen

Daniel Noboa cumple casi un año del periodo presidencial 2025-2029 en medio de debates sobre resultados, seguridad y transparencia en su gestión.
Lo que debes saber
- Daniel Noboa atraviesa su segundo periodo presidencial al frente de Ecuador.
- Su actual mandato 2025-2029 comenzó oficialmente el 24 de mayo de 2025.
- Noboa asumió por primera vez la Presidencia el 23 de noviembre de 2023, tras las elecciones anticipadas.
En menos de dos semanas, el presidente Daniel Noboa Azín cumplirá un año de gestión del periodo 2025-2029. Sin embargo, persisten las dudas sobre el avance de su plan de trabajo y el cumplimiento de sus promesas de campaña.
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Falta de indicadores para medir resultados
Expertos consultados por EXPRESO consideran que aún son escasas las acciones concretas relacionadas con las propuestas que llevaron a Noboa a Carondelet. Además, sostienen que al término de su mandato será difícil medir con precisión el nivel de cumplimiento de esos ofrecimientos.
Para el abogado y director ejecutivo de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, Mauricio Alarcón-Salvador, uno de los principales problemas radica en la falta de indicadores claros dentro del plan de trabajo presentado por Acción Democrática Nacional (ADN). Según explica, el documento contiene diagnósticos amplios, pero pocas acciones concretas que permitan medir avances reales.
Pedro Donoso, analista político y director general de Icare Inteligencia Comunicacional, coincide en que los planes de gobierno, en general, suelen carecer de mecanismos de evaluación. A su criterio, la mayoría de las propuestas se redactan sin metas, plazos ni presupuestos definidos.
No podemos tener indicadores serios de cumplimiento porque la propuesta no explica cómo se ejecutará.
Promesas amplias y difíciles de evaluar
Es por eso por lo que Donoso sostiene que, sin indicadores, cualquier valoración termina basada en percepciones y no en datos verificables. En ese sentido, señala que al final del mandato será difícil determinar si el gobierno cumplió mucho o poco con sus ofrecimientos.
El analista político explica que propuestas como “mejorar la salud”, “reducir la desnutrición crónica infantil”, “implementar el acceso a una vivienda adecuada y digna” o “fortalecer y diseñar acciones para contrarrestar la delincuencia organizada,” no permiten una evaluación técnica. Según dice, esas formulaciones no detallan cómo se ejecutarán las medidas ni qué resultados concretos se esperan alcanzar.
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Dudas sobre políticas públicas y transparencia
Desde la academia, Manuel Macías, director de la carrera de Ciencias Políticas de la Universidad de Guayaquil, afirma que no existe claridad sobre los planes sectoriales del Ejecutivo. Añade que varias políticas públicas no han sido publicadas o carecen de información suficiente para darles seguimiento.
En salud, el binomio Daniel Noboa y María José Pinto ofreció impulsar la atención primaria como eje central del sistema sanitario. Además, planteó mejorar la calidad de los servicios del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) y fortalecer su modelo de gestión.
En educación, el plan contempló fortalecer la calidad del sistema educativo nacional mediante políticas orientadas a la evaluación continua y al mejoramiento de infraestructura. También propuso implementar programas de pasantías y prácticas profesionales en empresas e instituciones públicas y privadas, entre otras medidas.
Macías indica que el acceso limitado a datos oficiales dificulta aún más cualquier análisis de cumplimiento. A su criterio, la falta de transparencia impide comparar los objetivos del Gobierno con los resultados obtenidos hasta ahora.
No hay planificación porque se privilegia la imagen política sobre la gestión concreta de política pública.
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Críticas al enfoque político del Gobierno
En la misma línea, Alberto Feijoo, sociólogo y docente de la Escuela de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad Internacional del Ecuador, subraya que el régimen ha priorizado la imagen política sobre la planificación estatal. Según explica, el Ejecutivo mantiene un discurso centrado en la figura presidencial.
Los entrevistados también coinciden en que varios ofrecimientos de campaña dependen de factores externos al Ejecutivo. Donoso recuerda que propuestas como una Asamblea Constituyente o la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social requieren la participación de otras instituciones del Estado.
En materia económica, Alarcón reconoce que el Gobierno ha mantenido cierta estabilidad fiscal. Menciona, por ejemplo, la reducción del riesgo país y el control del déficit como señales positivas dentro del manejo macroeconómico.
No obstante, aclara que otras metas siguen pendientes. Entre ellas menciona el incremento de la inversión extranjera, el fortalecimiento del emprendimiento y el impulso a nuevos sectores productivos.
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Seguridad: violencia y estados de excepción
Sobre seguridad, los especialistas consideran que los avances todavía resultan limitados. Macías afirma que el país aún atraviesa una crisis marcada por la violencia y que los indicadores continúan en niveles preocupantes.
De acuerdo con datos del Observatorio Metropolitano de Seguridad Ciudadana y Gestión de Riesgos, 2025 se convirtió en el año con más homicidios intencionales registrados en Ecuador, con 9.216 casos. En 2023 se reportaron 8.248 asesinatos, en 2024 la cifra bajó a 7.063 y, hasta el 31 de marzo de 2026, el país contabilizaba 2.086 muertes violentas.
Feijoo sostiene que la principal respuesta del Gobierno ha sido la militarización y el uso recurrente de estados de excepción. Según expresa, el Ejecutivo privilegia medidas simbólicas antes que una política pública integral de seguridad.
Hay mucho que hacer todavía. Existen pendientes en áreas como economía, seguridad, institucionalidad y energía.
Cuestionamientos en salud, educación e impuestos
En temas sociales, los entrevistados señalan retrocesos en áreas como salud y educación. El sociólogo rememora que el propio plan de trabajo prometía fortalecer esos sectores, aunque actualmente persisten denuncias por falta de recursos y problemas de gestión.
Macías expone que varias decisiones económicas responden más a acuerdos con el Fondo Monetario Internacional que al plan original del Ejecutivo. Según dice, algunas medidas surgieron de manera improvisada y fuera de la planificación inicial del Gobierno.
Entre las medidas adoptadas constan la eliminación del subsidio al diésel y la aplicación del IVA a ciertos productos de primera necesidad, como la leche deslactosada, las leches saborizadas o con vitaminas y los fideos precocinados. A ello se suma la imposición de una tasa de seguridad a productos importados desde Colombia.
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Alertas sobre democracia y libertad de prensa
Alarcón alerta, además, sobre posibles retrocesos democráticos. Entre ellos menciona cuestionamientos relacionados con libertad de prensa, acceso a la información pública y tensiones con organizaciones de la sociedad civil.
El abogado señala que estos temas no necesariamente aparecen en un plan de trabajo, pero igual deben formar parte de la evaluación ciudadana. Según explica, la gestión de un gobierno también se mide por el respeto a principios democráticos e institucionales.
Ha habido más bien retrocesos en general, debido a las crisis persistentes en seguridad, salud y economía.
Características del Gobierno
Hermetismo
Alarcón cuestiona la falta de transparencia del Gobierno en el acceso a la información pública. Según señala, esa “cultura de opacidad” dificulta evaluar el cumplimiento de las propuestas. Además, advierte que la relación tensa con la prensa afecta la rendición de cuentas.
Personalismo
Feijóo afirma que el Gobierno ha consolidado un “populismo autoritario” enfocado en priorizar la imagen de un líder fuerte antes que la ejecución de políticas públicas estructuradas. Opina que muchas decisiones responden más a estrategias simbólicas.
Resultados
Macías indica que la principal evaluación del Gobierno debe centrarse en los resultados y no en el discurso político. Considera que la percepción ciudadana sobre el deterioro de la calidad de vida termina siendo el indicador más visible del desempeño oficial del régimen de Noboa.