Daniela Guerra: “Un estado de excepción no es una licencia para abusar”

La organización Amnistía Internacional (AI) habla con EXPRESO sobre la alerta de que en Ecuador se registra un “alza de prácticas autoritarias” por parte del Gobierno del presidente Daniel Noboa, “que tienen que ver con querer concentrar el poder”.

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Amnistía Internacional acaba de publicar su Informe Anual 2025, que incluye un apartado dedicado a Ecuador. ¿Cuál es el enfoque principal de este informe?

En el Informe 2025 observamos, a nivel mundial, un aumento de violaciones graves a los derechos humanos, un crecimiento del hostigamiento y la persecución contra defensores y defensoras, así como el avance de prácticas autoritarias. Al mismo tiempo, también destacamos algunas mejoras puntuales que consideramos importante reconocer.

En el caso específico de Ecuador, el informe aborda la situación de seguridad y la declaración de conflicto armado interno. ¿Qué hallazgos relevantes identificaron?

El informe señala que Ecuador vive un conflicto armado interno desde 2024, lo que ha derivado en estados de excepción reiterados y toques de queda. Estas medidas se han normalizado y forman parte del contexto actual. Para Amnistía Internacional, es fundamental analizar cómo estas decisiones impactan en los derechos humanos.

El gobierno ha defendido la militarización de la seguridad pública. ¿Qué evidencia tiene Amnistía Internacional para cuestionar esta estrategia?

Hemos observado que la militarización de la seguridad pública no coloca en el centro la protección de los derechos humanos. Un ejemplo concreto son las posibles desapariciones forzadas documentadas en nuestro informe ‘Son militares, yo los vi’, incluido en el informe anual 2025. Allí recogemos cinco casos de personas presuntamente desaparecidas en operativos militares. Aunque existen investigaciones en curso, la mayoría no ha llegado a una resolución, en parte por la falta de cooperación de las Fuerzas Armadas con la Fiscalía.

¿Estamos frente a una estrategia legítima de seguridad o ante un riesgo de abusos?

Amnistía Internacional no evalúa la legitimidad de las estrategias de seguridad. Nuestro llamado es claro: cualquier medida para garantizar la seguridad ciudadana debe ajustarse estrictamente al derecho internacional y a los estándares de derechos humanos.

Sistema penintenciario, crimen organizado y violaciones a derechos humanos

Otro punto crítico del informe es la crisis carcelaria. ¿El Estado ha perdido el control del sistema penitenciario?

Existe un amplio margen de mejora en la gestión penitenciaria. Según cifras oficiales del SNAI, entre enero y septiembre de 2025 murieron 300 personas privadas de libertad, 105 de ellas de forma violenta. Mientras persistan muertes violentas bajo custodia estatal, el Estado tiene la obligación de investigar, sancionar responsabilidades y adoptar medidas que permitan cumplir con las Reglas Mandela, el estándar internacional en materia penitenciaria.

¿Estas muertes pueden atribuirse únicamente al crimen organizado?

Cuando una persona está bajo custodia del Estado, su vida, integridad y salud son responsabilidad estatal, independientemente del contexto delictivo existente.

El informe también advierte sobre impunidad en violaciones de derechos humanos desde 2019. ¿Qué ha fallado en el sistema de justicia?

Es una problemática compleja. Existe una deuda pendiente respecto a los hechos ocurridos entre 2019 y 2022. Sin embargo, también es justo destacar el rol de la Corte Constitucional y de los tribunales. Un ejemplo positivo es la sentencia del caso de los cuatro niños de Las Malvinas, emitida en 2026. Es un precedente clave que demuestra que la justicia es posible, aunque aún existan serias deficiencias.

Los estados de excepción se han prolongado por años. ¿Qué riesgos implica esto para los derechos humanos?

Los estados de excepción deben ser excepcionales y nunca una licencia para violar derechos. Aun cuando ciertas garantías puedan restringirse, deben protegerse los estándares mínimos y no puede justificarse ningún abuso.

¿Qué garantías han fallado en este contexto?

Tras nuestras investigaciones sobre desapariciones forzadas, documentamos que familiares y mujeres buscadoras han sido víctimas de hostigamiento y estigmatización. Este tipo de prácticas no pueden tolerarse, exista o no un estado de excepción.

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El informe también advierte sobre riesgos para defensores de derechos humanos. ¿Qué tan grave es el escenario?

Estamos viendo un patrón regional de restricción del espacio cívico. En Ecuador, la promulgación de la Ley Orgánica de Transparencia encaja en esta tendencia, al obstaculizar el trabajo de organizaciones sociales. Además, observamos discursos estigmatizantes que criminalizan a defensores y organizaciones, cuando en realidad representan el ejercicio legítimo del derecho a la asociación.

¿Qué tipo de amenazas enfrentan concretamente estas organizaciones?

Hemos documentado congelamiento de cuentas bancarias, como en los casos de la UDAPT y del colectivo Yasunidos, incluso desobedeciendo órdenes judiciales. Esto afecta gravemente su capacidad de operar. Asimismo, en el contexto de protestas sociales se registraron en 2025 al menos dos personas fallecidas, 473 heridas y 206 detenidas, muchas en manifestaciones lideradas por organizaciones sociales, indígenas y sindicales.

¿Qué ocurre con la libertad de prensa en este contexto?

La labor periodística es fundamental para la democracia y el equilibrio institucional. Es altamente preocupante el asesinato del periodista Patricio Aguilar, ocurrido el 4 de marzo de 2025. Estos hechos deben investigarse de forma independiente y exhaustiva.

Desde su experiencia, ¿qué otras preocupaciones destacan en Ecuador?

Es grave el incumplimiento de la sentencia judicial de 2021 que ordena la eliminación de mecheros en la Amazonía. Esta situación afecta directamente a comunidades, especialmente a niñas y jóvenes, como lo evidencian las Guerreras de la Amazonía. También hemos recibido reportes de hostigamiento contra defensores ambientales.